Nada bueno le ha reportado a nuestro país el haber tenido, en ciertas etapas de su historia, gobiernos que han vivido arrodillados ante Estados Unidos. Y esto es algo que el presidente López Obrador ya debería haber comprendido, si es que no lo sabía al llegar al poder pese a ser un aplicado estudioso del pasado.

Viene a colación este señalamiento ante la patente sumisión que observa nuestro Primer Mandatario, quien no se atreve a importunar —y menos aún desafiar— ni con el mero pensamiento al despreciable ocupante de la Casa Blanca, sobre todo en el tema de las drogas.

Llevado por este pretendido sentido político y de la oportunidad, condicionado por el azaroso T-MEC, nuestro Presidente ha consentido francas humillaciones disfrazadas de gestos laudatorios y de gratitud por el colaboracionismo en materia migratoria.

Colaboracionismo, vale decir, que degrada por el sólo hecho de servir los intereses de un gobernante belicista y supremacista no muy diferente de Hitler, cuyo racismo ha sido particularmente ofensivo para los mexicanos. Para no molestar a Donald Trump, el tabasqueño se retractó de plano, este jueves, de un compromiso formulado no de manera explícita, pero sí tácita, mediante la firme, clara y audaz propuesta de Olga Sánchez Cordero de legalizar las drogas como vía para erradicar la secuela de violencia que deja el narcotráfico.

Desde sus tiempos de ministra de la Corte, la actual titular de Gobernación ha abogado en forma abierta por la despenalización, sabedora de que desagregar del narco el ingrediente financiero constituye la única manera de debilitar a éste, que es el principal agente de violencia.

En modo alguno, la postura de la destacada abogada puede ser tenida por planteamiento a título personal, como sostiene el Presidente, a once meses de iniciada la administración, a lo largo de la cual la funcionaria se ha referido reiteradamente al asunto.

El tema de las drogas fue puesto por enésima ocasión sobre el tapete de discusiones, esta vez a propósito del singular regalo con que la diputada Lucía Rojas le recordó a Sánchez Cordero su compromiso con la legalización: un cigarro de marihuana.Y, a propósito, también, de la plausible iniciativa de Mario Delgado, orientada a la legalización y regulación, ¡ya!, de la yerba.

El Jefe del Estado intentó atajar la discusión sobre la materia con el argumento de que la misma no se halla en la agenda de su gobierno. Y porque, según su experiencia, “política es tiempo”. O sea, “todo a su tiempo, vamos poco a poco”.

No nos dejemos engañar. Lo que el Presidente quiso decir es que su interés en torno a la legalización de las drogas es nulo, porque en su orden de prioridades está primero evitar incomodar al Tío Sam.

Sin el menor escrúpulo, el de Macuspana precisó su noción del tiempo en la política y dejó claro que no tiene prisa. “Si no nos diera tiempo” (de aquí al final del sexenio, se entiende) “y antes lo aprueba el Congreso, tendríamos que acatarlo. ¡¿Pues ya qué hacemos?!”, dijo con fingida resignación.

En su explicación, sin embargo, reveló de soslayo algo que los promotores de la despenalización deberían reeditar, si de verdad aspiran contribuir a terminar el baño de sangre que agobia a nuestro país: el Legislativo le dio madruguete al Ejecutivo en el tema del etiquetado frontal de alimentos.

“Es como lo del etiquetado… Estábamos viendo con algunas empresas que había dudas, y el Congreso lo aprueba casi por unanimidad…”, dijo.

Algo así tendrá que hacerse en el tema de las drogas, visto el total desinterés del Mandatario en relación con una medida que, eso sí, convenientemente manipuló y dio a entender que respaldaba, y hasta alentó y dejó correr cuando percibió que eso le reportaría votos.

Cualquiera que haya escuchado la estridente cantaleta presidencial, repetida hasta la náusea, según la cual “yo no miento, no engaño, no traiciono”, ya tiene la prueba de que tal postulado ha sido para consumo de incautos.

La propuesta de Sánchez Cordero había sido entendida siempre como parte capital o complementaria de la estrategia de dar empleo y educación a los jóvenes, para terminar, si no con el consumo de substancias ilícitas, sí con la violencia atroz que envuelve a la nación.

Violencia de la cual tuvimos un doloroso ejemplo el pasado lunes, en Monterrey:

Seis niños —dos de 9 años, uno de 10, dos de 12 y una jovencita de 15— fueron atacados a balazos mientras jugaban frente a una casa que era conocido punto de venta de droga.

Cuatro de aquellos menores quedaron heridos de gravedad, pues recibieron impactos en la espalda, la cabeza, el rostro y las piernas. La policía recogió una treintena de casquillo en el lugar de la agresión.

“Víctimas colaterales", diría quizá frente a este caso, sin condolerse, el padre de la guerra contra las drogas y triste arquetipo de abyección frente al gobierno gringo, Felipe Calderón, a quien acaba de darle merecido portazo la comunidad del Tec de Monterrey, que no olvida los punibles hechos y dichos del exmandatario.

Y “víctimas colaterales”, debe estar pensando —así no lo verbalice por conveniencia— el actual Jefe del Estado, en quien muchos depositaron sus esperanzas de solución al problema de la inseguridad y la violencia. Mexicanos que ahora tienen motivos para sentirse decepcionados y declamar a Argensola: “Porque este cielo azul que todos vemos/ni es cielo ni es azul. Lástima grande, que no sea verdad tanta belleza”.

No todo está perdido. La decisión de abordar el problema está en manos del Legislativo. Con lo cual este poder del Estado podría contribuir de veras a pacificar el país y daría prueba irrefutable de independencia y efectiva separación frente al Ejecutivo.

Así tenga el mandamás que exclamar de nuevo: “¡¿Pues ya qué hacemos?!”.

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