Barcelona vivió ayer los peores disturbios desde que comenzó el desafío independentista, hace siete años.

Un día después de que se conociesen las altas penas de cárcel impuestas por el Tribunal Supremo español a los nueve dirigentes independentistas, el centro de la capital catalana se convirtió en un campo de batalla entre radicales independentistas y agentes de la Policía Nacional y Mossos d´Esquadra (policía catalana), con el resultado de 25 de detenidos y 74 heridos.

Los peores disturbios se concentraron a pocos metros de la Delegación del gobierno español, donde los manifestantes trataron de romper el cordón policial lanzando todo tipo de objetos y quemando mobiliario urbano, lo que ocasionó varías cargas policiales.

Siguiendo las consignas de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), decenas de manifestantes montaron barricadas en avenidas y en autopistas de acceso a Barcelona y a otras ciudades catalanas.

Ayer se conoció que uno de los miles de manifestantes que tomaron el lunes el aeropuerto internacional de Barcelona —que obligó a la cancelación de un centenar de vuelos— perdió un ojo tras el violento desalojo policial al caer la tarde.

Críticas a Torra. En medio de este ambiente de máxima tensión se encuentra el presidente catalán, Quim Torra, criticado incluso por miembros de su propio partido por su comportamiento contradictorio.

Desde que ocupó el cargo de “president” de la Generalitat, tras la huida hace dos años de Carles Puigdemont a Bélgica, para no correr la misma suerte que los otros dirigentes encarcelados, Torra no ha dejado de jalear a los más radicales del independentismo para que tomen la calle. Por eso muchos no entienden que haya puesto en primera línea de combate a agentes de la policía catalana.

Sus aliados de la CUP (organización de izquierda radical independentista) exigieron ayer la comparecencia en el Parlamento catalán del consejero de Interior del gobierno de Torra, Miquel Buch, para que explique la actuación policial en estos dos días de fuertes disturbios.

El fantasma del 155. Mientras tanto, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió ayer que actuará “con firmeza·, pero al mismo tiempo con “proporcionalidad” contra esa “minoría que está queriendo imponer la violencia en las calles de las ciudades catalanas para romper la convivencia”.

A menos de un mes para las elecciones del 10 de noviembre, el dirigente socialista se resiste a la presión de los partidos de derecha, que exigen que se aplique de nuevo el polémico artículo 155 de la Constitución española, que arrebata el poder autonómico a una región en rebeldía.

La única vez que esta medida temporal, pero extrema, se ha realizado en España, la ordenó el expresidente Mariano Rajoy (del PP, conservador), precisamente contra la autonomía catalana, luego de la fallida proclamación de la republica catalana, en octubre de 2017.