Ricardo Espinoza Toledo*

La ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, está cumpliendo 102 años. Surgida del compromiso de los revolucionarios mexicanos, de garantizar los derechos sociales, económicos y políticos de las mayorías populares, sin menoscabo de los de las minorías, en las últimas décadas esos objetivos fueron desplazados en favor de políticas depredadoras. Ajenas a las condiciones sociales del país y de sus necesidades, esas políticas acrecentaron la pobreza, la falta de oportunidades y la delincuencia.

En las elecciones de 2018, amplias capas de la sociedad se orientaron en favor de un cambio que garantice el combate a la corrupción y a la impunidad que están en la base de las fallas e incumplimientos del Estado y por un Gobierno que trabaje por la seguridad y el bienestar de las mayorías. La emergencia de Morena puede verse como el resurgimiento de un movimiento social que había permanecido opacado por los privilegios de políticos y empresarios asociados, que utilizaron los recursos públicos para su propio beneficio. Éstos, más que generar riqueza y empleos, se dedicaban a desviar los recursos públicos en su favor.

La apertura política que dio lugar a la transición democrática apareció como el paso necesario para poder imponer en el texto de la Constitución la instauración del mercado abierto, sin regulaciones ni controles. Así, mientras los partidos disidentes se entretenían en discutir interminables reformas a las leyes electorales, los gobernantes y sus socios decidían libremente poner en marcha las políticas del Consenso de Washington. El presidencialismo, antes justificado por su vocación reformadora, quedó al servicio del mercado y de los grupos privilegiados, lo que calificaron de modernización. Pero esa democracia representativa y el mercado sin contrapesos hicieron más pobres a los pobres y más débil a un Estado que claudicó de sus responsabilidades sociales.

El combate del gobierno de López Obrador contra el robo de combustibles ha documentado una de las grandes fallas del Estado mexicano. Junto a recursos discrecionales otorgados a gobernadores de los estados y a legisladores, a la triangulación de los dineros públicos y al problema de la inseguridad, física y jurídica, la delincuencia en torno al robo de las gasolinas muestra cómo la ilegalidad sustituyó al sistema jurídico y a las instituciones del Estado. Abandonada a sus propios medios, la población quedó a expensas de la delincuencia.

Con la complicidad u omisión de gobernantes, locales, estatales y federales, el saqueo de los recursos públicos adquirió la forma de distribución de bienes para contener a los más desfavorecidos y no afectar a la delincuencia de dentro y de fuera de la estructura de Gobierno, volviéndose, de hecho, política de un Estado que fue suplantado por esa poderosa asociación delictiva. La apropiación privada de los recursos públicos alcanzó niveles insostenibles porque casi todos los grupos de poder y en el poder, tenían asegurada su parte en la repartición del botín.

En ese cuadro, el federalismo se resolvía distribuyendo recursos discrecionales a los gobernadores y la autonomía se procesaba a través de cuotas en la integración de los órganos respectivos, con lo que, en la práctica, quedaba neutralizada. En cuanto a los contrapesos legislativos, la oposición, mayoritaria en el Congreso, aseguraba sus beneficios particulares a cambio de respaldar al gobierno. De ese modo, el reparto de los recursos públicos, por vías discrecionales, arreglaba cualquier tipo de inconformidad. Los ciudadanos padecían las consecuencias, pues escaseaban fondos para salud, educación y protección.

Una de las razones por las cuales Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales de manera apabullante, es su compromiso en la lucha contra la corrupción. El robo de combustibles (huachicoleo), de los producidos y los importados por el gobierno, equivalente a 60 mil millones de pesos al año, ha sido un cobro ilegal, injusto y violento. El saneamiento de los recursos públicos pasa por perseguir a delincuentes presentes en toda la estructura del Estado, una amplia red de complicidades que se extiende a las diversas esferas en las que se contratan y se prestan servicios estatales. Primer presidente mayoritario desde que hay alternancia, López Obrador fue el depositario de la confianza ciudadana para llevar a cabo el combate a la corrupción.

Las diferencias por privilegios sociales y económicos en México son extremas y no tienen comparación alguna con las de Estados Unidos o de la Europa occidental. El fuerte contraste mexicano es fuente del descontento que impulsa alternativas políticas y sociales que pueden ser irrelevantes en las democracias desarrolladas. La mayoría de los mexicanos, en situación de desventaja, tiene un interés material en la búsqueda de la seguridad económica y jurídica, precisamente porque carece de ellas. La desigualdad económica y la falta de equidad social explican la necesidad de fuerzas políticas y de políticos que actúen en nombre de esas mayorías afectadas. Ha agravado esa situación el que el contenido político de la desigualdad económica se ha hecho acompañar de un binomio corrosivo: corrupción e impunidad, componentes del sistema político que han limitado el desarrollo nacional.

Desde diversas trincheras se han cuestionado las acciones del nuevo gobierno argumentando, en unos casos, violación de derechos humanos o que se carece de una estrategia y de un plan precisos en el combate al robo de combustibles; en otros, que se afectaría el medio ambiente, a las personas, a la economía, o que se mira sólo un interés electoral. Según eso, los caminos adoptados y sus consecuencias derriban los objetivos perseguidos. Justas o no, el Presidente ganará en la medida que logre dar cauce a las críticas.

La ciudadanía, no obstante, tiene una postura diferente. Encuestas periodísticas coinciden en mostrar el respaldo activo de las mayorías a las acciones emprendidas por el gobierno de López Obrador. Se percibe ahí una defensa firme de recursos públicos capturados por privados y a un gobierno que actúa en beneficio de la Nación.Reconstruir la legitimidad y la legalidad dilapidadas por los gobernantes anteriores es tarea prioritaria, y sólo se logra cuando los ciudadanos ven sus intereses fundamentales expresados en las acciones del Gobierno.

*Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.