Pablo Xavier Becerra Chávez*

Austeridad es la palabra mágica del actual gobierno. En torno a ella se desarrollan todas sus políticas públicas y sus iniciativas de reforma legal y constitucional. Recortes draconianos al gasto público en salud y educación, por ejemplo, se justifican en aras de la “austeridad republicana”, que está a un paso de la “pobreza franciscana”, como nos lo recuerda a cada momento el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En lugar de perseguir a los corruptos del pasado reciente y recuperar de lo robado lo que se pueda, el Presidente ha decidido poner un punto final, que en los hechos se ha traducido en un verdadero pacto de impunidad. AMLO dice que la lucha contra la corrupción inicia con los miembros de su gobierno, pero al no castigar a los corruptos del pasado reciente (a los que fustiga discursivamente a cada momento, pero no toca ni con el pétalo de una demanda) en los hechos mantiene la impunidad tradicional en este aspecto.

En los hechos, la lucha contra la corrupción, tema central de la campaña electoral, se ha traducido en recortes a los sueldos y prestaciones de funcionarios públicos, en drásticas reducciones al gasto en casi todas las dependencias públicas y en despidos de personal. Se ha producido una auténtica sangría en el sector público, que ha conducido, por ejemplo, a una crisis sin precedentes de los servicios médicos. La renuncia del director del IMSS, un expanista convertido al morenismo, ha evidenciado esta situación, provocada por una política que podríamos definir como neoliberalismo populista.

Esta política toma recursos públicos de donde puede por medio de recortes como los típicos del neoliberalismo, pero para destinarlos a las políticas sociales que constituyen la prioridad número uno del Presidente.

La reforma electoral no puede estar al margen de esta obsesión por la austeridad. En su agenda parlamentaria, Morena en la Cámara de Diputados (Gaceta parlamentaria, 8/feb/2019) planteaba la necesidad de “reducir los altos costos de la democracia mexicana”, para lo cual era necesario revisar el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y de los órganos de la justicia electoral, así como la disminución de las prerrogativas partidarias.

En los meses que lleva la actual legislatura se han presentado  decenas de iniciativas en materia de reforma electoral. De las que han presentado diputados y senadores de Morena, destaca la referencia permanente a la austeridad. Una de las iniciativas más completas es la que presentó el diputado morenista Sergio Carlos Gutiérrez Luna, el 7 de marzo del presente año, en la cual se propone que el “principio de austeridad” sea elevado a rango constitucional, lo que se traduciría en que a la definición de República del artículo 40 se le debe añadir el adjetivo austera, así como que a los principios rectores de la actividad electoral, previstos en el artículo 41, se debe añadir el de austeridad (Gaceta parlamentaria, 7/marzo/2019).

En esta iniciativa, la aplicación del principio de austeridad conduce a la desaparición de los OPLE y a la asunción por el INE de las elecciones locales, por medio de consejos locales nombrados por la Cámara de Diputados. También propone la disminución, a la mitad, del financiamiento público a los partidos, por medio de la disminución del porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se multiplica por el número de ciudadanos en el padrón electoral, de 65 a 33%.

La desaparición de los OPLE no se encuentra en otras iniciativas de legisladores de Morena. El diputado César Agustín Hernández Pérez presentó el 5 de marzo una iniciativa de reforma que propone algunos cambios en el número de consejeros del INE y de los OPLE, así como una reducción de sus periodos de encargo, lo que implica que conserva a los OPLE (Gaceta parlamentaria, 5/marzo/2019).

La propuesta de reducir el financiamiento público a los partidos se encuentra en muchas otras iniciativas de legisladores morenistas (el senador Monreal, 27 de septiembre; los diputados Clouthier y Delgado, 5 de marzo y otras), con la variante de reducir el porcentaje de la UMA al 32.5%. El objetivo es disminuir el financiamiento al 50%.

Los legisladores del PES, partido aliado de Morena, han presentado dos iniciativas contradictorias. El 4 de septiembre sus diputados propusieron desaparecer por completo el financiamiento a los partidos; pero un mes después, el 31 de octubre, sus senadores propusieron disminuirlo a la mitad, por medio de la disminución de la UMA al 32.5%. Por su parte, los diputados del PVEM propusieron, el 20 de noviembre, que la fórmula para el cálculo del financiamiento público tomara como base de la fórmula la votación total emitida en la elección previa, en lugar del padrón electoral. Dado que su propuesta mantiene el 65% de la UMA, el resultado final para 2019 sería de una reducción de 40% al financiamiento. Además propone modificar la distribución del financiamiento a 60% igualitario y 40% proporcional, en lugar del modelo actual de 30/70.

Recientemente el diputado Pablo Gómez (Proceso, 14/junio/2019) ha llevado al extremo el planteamiento de la austeridad electoral. Propone ­desaparecer el Consejo General del INE y convertir a la Junta General en su instancia superior de dirección; asimismo, propone la desaparición de las 300 juntas distritales del INE, los OPLE y los tribunales electorales locales. Por último, propone que la elaboración del registro ciudadano ya no sea atribución del INE, sino de un organismo profesional independiente, por lo que ya no habría justificación para un aparato electoral tan grande y costoso. En suma, una reingeniería completa.

Gómez corona su planteamiento con una acusación muy fuerte a los consejeros del INE: dice que “son de aquellos poderosos que no tuvieron que pasar por el tamiz del voto popular, pero tienen fuertes agarraderas en los partidos que los ungieron en el cargo. Eso sigue siendo preocupante por ser ancla del conservadurismo”. No sabemos si la posición de Gómez es la dominante en Morena, pero parece evidente que la coalición gobernante afila el hacha para rediseñar las instituciones electorales mexicanas.

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Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad ­Iztapalapa de la Universidad ­Autónoma Metropolitana,