Los refugios son fundamentales para garantizar la seguridad y, literalmente, la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos víctimas de violencia. Son espacios de resistencia. Permiten que las mujeres puedan sobreponerse a la violencia, reconstruir su autoestima y construir un camino para restablecer su vida con independencia y autodeterminación. Los refugios prestan diferentes servicios legales, médicos, psicológicos, nutricionales, educativos, de protección y apoyo; evitan el maltrato futuro, contribuyen a la concientización y a los cambios sociales para que las mujeres y sus hijos puedan salir de círculos de violencia. Los refugios son un logro de las luchas de las mujeres para atacar la violencia contra ellas.

El pasado 14 de febrero  el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que depende de la Secretaría de Salud, emitió un comunicado para suspender la convocatoria pública para la asignación de subsidios para los refugios de mujeres que viven violencia; las razones, acatar “cabalmente” la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de “no trasferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano”(sic).

Afortunadamente después de una movilización por parte de mujeres, activistas, colectivos feministas, organizaciones sociales, instancias, organismos y la Red Nacional de Refugios, A.C., que defendieron el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, la Secretaría de Salud reculó; el 22 de febrero emitió otro comunicado en el cual informó que el “proceso administrativo estaba en revisión para optimizar los apoyos destinados”. Y fue hasta el sábado 23 de febrero por la noche cuando publicó la convocatoria.

La experiencia que debe tener el Gobierno Federal en la toma de decisiones y su lucha contra la corrupción es que no puede suspender programas y servicios arbitrariamente y mucho menos sin ningún plan o alternativas que garanticen que las personas que dependen de esos programas y servicios no se vean afectadas o, peor aún, sus vidas sean puestas en peligro.

Las instancias infantiles y ahora los refugios de mujeres que sufren violencia son dos claros ejemplos de que las dependencias federales y el presidente deben repensar su estrategia para enfrentar la desigualdad y la lucha contra la corrupción.

Nadie niega que sea fundamental que se transparenten mejor los recursos que reciben tanto las instancias de gobierno como las organizaciones sociales y civiles que reciben presupuesto público. Ni que en muchas organizaciones civiles existen corrupción y lavado de dinero. Pero debe hacerse un análisis concienzudo y a detalle para mejorar los procesos, siempre garantizando la protección de las personas.

La periodista, escritora y activista, Lydia Cacho, una de las voces más destacadas que se pronunció en contra de suspender los recursos a los refugios, escribió en su cuenta de Twitter que “el gobierno carece de capacidad instalada y especialización. Por eso existe el trabajo multidisciplinario y multisectorial de refugios”. Concuerdo. Al actual gobierno no debe olvidársele que las organizaciones civiles, en este caso los refugios, existen y surgen para apoyar y ­coadyuvar en muchas cuestiones en que el gobierno ha fallado.

Y sobre todo que también hay que reconocer que muchas organizaciones son realmente sin fines de lucro y que las personas que trabajan en los refugios, como bien menciona Lydia Cacho, “se juegan la vida protegiendo a víctimas de violencia de agresores comunes, curas pederastas, tratantes de personas, narcotraficantes. Es una labor de valentía ciudadana”.

@wendygarridog

wengarrido@gmail.com