El pasado miércoles 15 de enero hubo un acto prelegislativo fallido. Los agentes del Presidente y el Fiscal General de la República acudieron al Senado a presentar un paquete legislativo sobre la reforma judicial que no llevaban en el portafolio y olvidaron en el escritorio, pero que circuló entre los legisladores, los jueces y los académicos. La conclusión se resume en la frase lapidaria del Senador Ricardo Monreal: “para tener caldo de pollo hay que tener pollo” y se acordó que se volvería al tema el primero de febrero cuando inician las sesiones del Congreso de la Unión.

Los impulsores del paradigma jurídico vigente fijaron su posición inmediatamente desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos en los términos reconocidos en la constitución y señalaron que muchas de las propuestas iban en sentido contrario a lo que se había logrado en favor de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los mismos.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE y el ministro en retiro José Ramón Cossío, entre otros, reaccionaron en la prensa y los medios de comunicación masiva. Los legisladores de oposición y algunos personajes políticos del sexenio anterior calificaron como un retroceso el proyecto e invitaron a una mayor reflexión. Los defensores de derechos humanos de la sociedad civil -la CDNH hizo mutis- señalaron los rasgos autoritarios de la reforma.

Los defensores del proyecto de reforma antepusieron la necesidad de la existencia de herramientas más efectivas para el combate de la delincuencia como el fortalecimiento de la figura del arraigo, que ha sido el centro del debate judicial sobre la violación a los derechos humanos en materia penal en nuestro país en contraposición con el derecho convencional de índole internacional.

El Presidente en la mañanera consideró que el proyecto no es un retroceso en materia de procuración y administración de justicia, evitó calificarlo como una iniciativa de avanzada.

En cuanto a la parte orgánica de la reforma constitucional, cito la exposición de motivos de la propuesta que circuló que no se presentó formalmente, pero que permite inferir el sentido de la misma.

“con la finalidad de favorecer … que la función jurisdiccional se encuentre, en mayor medida, libre de presiones e influencias externas que le signifiquen un menoscabo en la labor principal de resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción… es importante que el Senado de la Republica designe a jueces y magistrados para que tengan mayor transparencia en la impartición de justicia en todo proceso sin favoritismos, ni asignaciones privadas”.

La propuesta para lograr mayor independencia judicial es que el Senado, órgano político, sustituya al Consejo de la Judicatura Federal, órgano técnico especializado en el gobierno y administración de la política judicial, que lleva concursos para la designación de los jueces y magistrados, así como procedimientos de responsabilidad penal contra los propios jueces y magistrados. El Senado, en caso de aprobarse la reforma, nombraría a los funcionarios judiciales de las personas incluidas en una terna remitida por el Poder Ejecutivo. Un aparato de justicia penal designado indirectamente por el Presidente con el apoyo de la mayoría política.

El Senado sería la garantía del buen funcionamiento de este sistema especial de justicia penal que quedaría adscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como si esta no tuviera ya suficientes funciones y cúmulo de expedientes que resolver.

Así, un Poder que se rige por los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia sería sometido a la supervisión de un órgano que se gobierna por el principio de la mayoría y la conveniencia política. Es regresar al Porfiriato en términos de organización del Poder Judicial de la Federación con una emulación “democrática” de la Secretaría de Justicia desaparecida en 1917.

¿Avance o retroceso? Para quienes consideran que el fortalecimiento del poder presidencial es el camino para el combate a la corrupción es un avance. Para quienes pensamos que la lucha anticorrupción es institucional y no debe ser sujeta al voluntarismo político esto es un retroceso.

El Presidente y sus agentes, evidentemente, no lo consideran un retroceso en la medida que acumulan más poder. Los especialistas en la administración y gobierno del Poder Judicial Federal difícilmente podemos coincidir con esta visión. Lo importante es lo que piensa la ciudadanía. ¿El autoritarismo es la solución a nuestros males? ¿Avance o retroceso?

P.D. De veras extraña que la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, hoy Secretaria de Gobernación, avale esta propuesta de reforma judicial. ¿Será cierta la aclaración tardía del Fiscal General de que la versión que circuló es apócrifa?

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