Organizaciones civiles y autoridades municipales que han trabajado por décadas para evitar la desaparición de la Selva Lacandona, particularmente la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules, solicitaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intervenga en el conflicto que inició en aquella región del país y que amenaza con un estallido de violencia.

Este fin de semana se cumple el plazo que diferentes comunidades en el área dieron a organizaciones conservacionistas para abandonar sus puestos de monitoreo al sur de la Reserva. Chamkin Chambor Kim, líder de la comunidad lacandona, señaló el pasado 8 de octubre en una visita a la CDMX que en el trasfondo de esto yace el interés de esas comunidades por ocupar terrenos vírgenes de la selva para desmontarlas y sustituirlas con agricultura.

Aquella visita de Chambor Kim no dio resultado pues la intención era que el Gobierno Federal hiciera de intermediario en el naciente conflicto y permitiera destensar el conflicto a la vez que garantizaba la conservación de la selva tropical ubicada en el estado de Chiapas.

Este ecosistema es el último en su tipo en territorio nacional y su desmonte no puede ser revertido fácilmente, en muchos casos se recupera totalmente luego de siglos.

La amenaza en la Selva Lacandona incluye la posibilidad de violencia que, además, tendría un componente interindígena: los lacandones son minoría en términos demográficos en aquella región, pero desde los años setenta del siglo pasado tienen el puesto principal en la asamblea de bienes comunales que aglutina a todas las comunidades agrarias de aquella zona chiapaneca.

Desde hace unos años, con más intensidad en los últimos 4, comunidades pertenecientes a los pueblos tzeltal y chol, que también son partícipes de los bienes comunales, han tratado de expulsar a científicos, ambientalistas y organizaciones civiles que han trabajado en la construcción de proyectos económicos que no impliquen el desmonte.

Para los especialistas y estudiosos está claro que estas comunidades pugnan por abrir la lacandonia al cultivo, lo que implica forzosamente la destrucción de la selva.

Un amplio conglomerado de organizaciones académicas, científicas y, ahora, incluso de autoridades del municipio de Marqués de Comillas, lanzaron ayer una serie de alertas, ya que este 1 de noviembre venció el plazo que líderes de comunidades chol y tzeltales para desalojar las estaciones de trabajo ecológico Chajul y Tzendales.

Son 12 cartas y comunicados en los que se pide la intervención del gobierno federal para evitar que se desalojen las estaciones de monitoreo y trabajo ambientalista. Van dirigidas al gobierno amlista centralmente, también a Rutilio Escandoón, gobernador de Chiapas e incluso hay referencias a Román Meyer, secretario federal de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, y Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente, que no han intervenido a pesar de que el conflicto se ha calentado a lo largo de un mes.

Cabe destacar que los puntos al sur de la Reserva Montes Azules no son instalaciones de monitoreo tradicionales, pues además de representar una suerte de frontera tácita entre las zonas de explotación agraria y las áreas de preservación, han representado verdaderos laboratorios para el desarrollo de proyectos productivos sustentables.

Eliminarlas, alegan las comunicaciones civiles para pedir la intervención federal, permitiría en la práctica que terrenos naturales sean desmontados sin que nadie se dé cuenta.

Ejidatarios del área que no están de acuerdo con la apertura de nuevas zonas de cultivo se sumaron a la petición de que organizaciones ambientalistas no sean expulsadas, particularmente refiriéndose a Natura y Ecosistemas Mexicanos que hoy día las administra.

La estación Chajul, relatan, por ejemplo, es no sólo un punto de trabajo ambientalista desde 1989, sino que ha promovido la creación de “empleos en la región, en el cual familias se vieron beneficiadas ya que para ese entonces era la única fuente de empleo”.

El presidente municipal de Marqués de Comillas, decidió sumarse por escrito a este movimiento en favor de la permanencia de las estaciones administradas por Natura y Ecosistemas Mexicanos.

El trabajo de la organización civil con las autoridades locales, relata, ha implicado “asesoría, capacitación y recursos económicos para establecer empresas ecoturísticas que son propiedad de las mismas comunidades”, e incluso apoyó la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.