Riesgo y derecho: los desafueros
Riesgo y derecho: los desafueros
La aplicación y la interpretación del derecho no es absoluta. Hay enfoques, valores y circunstancias que influyen en el operador jurídico, que puede ser el particular, el legislador, el juez, el gobernante o el administrador público en el momento de tomar una decisión jurídica. Esto es especialmente evidente en los juicios de procedencia en los que se desafora a quienes tienen una protección en razón del cargo para garantizar su actuación autónoma y objetiva.
El miércoles 11 de agosto, por unanimidad y mayoría, respectivamente, se levantó el impedimento constitucional para que los diputados Huerta y Toledo fueran acusados penalmente por los presuntos delitos que cometieron. Esto no prejuzga sobre su responsabilidad penal que será determinada por un juez una vez que la carpeta de investigación se haya entregado a la autoridad jurisdiccional y ésta haya resuelto lo procedente en un juicio imparcial y público.
Actividad de riesgoLa función pública es una actividad de riesgo, que se incrementa conforme es mayor la jerarquía del cargo o comisión. En ocasiones, el servidor público toma decisiones en la “rayita”, entre lo que es correcto jurídicamente y lo que no lo es, y esto provoca cuestionamientos a su actuación. Si está del lado permitido se conoce como actuación discrecional y del otro es arbitrario.
En los casos que ocupó a la Cámara de Diputado en un periodo extraordinario, los delitos que se le imputan a los desaforados son ajenos a los efectos de la función púbica: uno es acusado de abuso sexual a menores y otro de enriquecimiento ilícito, en lenguaje llano, los diputados pueden resultar, después del juicio, que son un violador y un ladrón vulgares.
El diputado Huerta quedó solo entre sus pares. El riesgo de apoyarlo públicamente era muy elevado y no importaban las pruebas que existieran o no en el expediente. La defensa se limita a alegar violaciones al debido proceso que, si son ciertas, serán elementos que el juez tomará en cuenta para condenar o absolver penalmente.
En cambio, el diputado Toledo tuvo el apoyo de la bancada a la que pertenecía, el Partido del Trabajo, que abandonó la sesión por considerarla un circo (sic) encabezada por el diputado Benjamín Robles. El riesgo de mostrar solidaridad política es relativamente bajo en razón a que es pública la rivalidad entre el desaforado y la jefa de gobierno. Ahí es factible que haya algunos indicios de persecución política, pero también hay pruebas, según la fiscalía, del desvío de recursos presupuestales. Además, también es conocida la animadversión del diputado Pablo Gómez, presidente de la sección instructora, con el ahora encausado.
InterpretativoLa protección que otorga la constitución a los servidores públicos contra las acusaciones penales, que se conoce como fuero, se vincula con el riesgo del ejercicio de la función ejecutiva, legislativa y judicial, que siempre beneficia y perjudica a un grupo o individuo. La autoridad que aplica el derecho lo interpreta y en esa actividad, que siempre tiene un grado de discrecionalidad, pudiera incurrir en alguna responsabilidad para quien se ve afectado por la decisión.
Entonces, si el grupo o persona que se consideran agraviados pretenden acusar penalmente al servidor público para presionarlo e inducir a que modifique su decisión, debe levantar el obstáculo del juicio de procedencia para que proceda la denuncia, lo que garantiza la independencia y objetividad de su actuación.
Afortunadamente, nadie posee la verdad jurídica incuestionable en un estado democrático y existe el riesgo que en toda actuación jurídica de la autoridad haya oposición, que independientemente de que resulte fundada o no, debe ser revisable institucionalmente.
Desde hace años, esta visión que relativiza la aplicación del derecho es una garantía de libertad e implica que cualquier norma general, sentencia o acto administrativo hipotéticamente pueden tener dos o más soluciones jurídicas válidas y la que se elija será legítima si se emite dentro del marco jurídico vigente y no dará lugar a la responsabilidad.
Demagogia jurídicaEsto también da lugar a que, quien abusa del cargo público, se defienda alegando persecución política y contra estas actitudes hay un hartazgo social en el mundo, no sólo en México y es la razón para la demagogia jurídica que pretende la eliminación del fuero que sólo favorece a los gobiernos autoritarios.
La relación riesgo y derecho se multiplican en sociedades complejas y en modelos de gestión pública en la que los privados participan en la operación de servicios públicos o explotación de bienes del dominio público. Desde la visión tradicional, un derecho que identifique riesgos permitidos, asigne responsabilidades y costos, así como formas de atender los daños que se ocasionen cuando el riesgo se actualice es una concesión indebida a un particular. La rigidez jurídica y el ejercicio incuestionable del pasado es un retorno al pasado autoritario en el que el gobierno se asume único y último intérprete del derecho.