Nicolás Maduro está más aislado que nunca: aislado de su pueblo, del mundo, de la legalidad, de cualquier asomo de cordura. Es una vergüenza que, precisamente en esas condiciones, uno de los escasos respaldos que le quedan al sátrapa venezolano sea el gobierno de México. El mundo democrático le ha dado la espalda. Casi toda América Latina reconoce el liderazgo político de Juan Guaidó. Europa contribuye con la ­exigencia a Maduro para que haya elecciones auténticas.

Ante la ausencia de gobierno legal, Guaidó ocupa transitoriamente la presidencia de Venezuela con la responsabilidad de organizar nuevas elecciones. No se trata de una autoproclamación como con ligereza dijeron muchos medios de comunicación, inclusive en México. La Constitución venezolana faculta al presidente de la Asamblea para asumir la titularidad del gobierno cuando, al terminar la gestión de un presidente electo, no hay sucesor legítimamente designado.

Eso es lo que pasó hace unos días. El nuevo periodo presidencial de Maduro es ilegal porque la elección del 20 de mayo pasado fue absolutamente irregular. En aquellos comicios no hubo garantías para el voto en libertad, a los partidos no oficiales se les impidió presentar candidatos, varios de los dirigentes de la oposición habían sido encarcelados o fueron privados de sus derechos ciudadanos.

Las reglas de la elección de mayo no permitían la presencia de observadores internacionales, el consejo electoral fue notoriamente parcial; debido a los plazos y reglas para inscribirse cerca de dos millones de jóvenes quedaron fuera del padrón y entre dos y cuatro millones de electores no pudieron actualizar sus datos, los medios de comunicación oficiales —casi los únicos en Venezuela— propagaron sin recato las proclamas de Maduro y excluyeron los cuestionamientos a ese proceso. Todas esas infracciones están documentadas en el informe sobre aquella elección que prepararon los profesores Daniela Urosa de la Universidad Católica Andrés Bello y José Ignacio Hernández de la Universidad Central de Venezuela.

Maduro y su camarilla han creado una institucionalidad paralela, con la cual han querido reemplazar al poder legislativo en donde la oposición tiene mayoría. La actual Asamblea Legislativa fue electa en diciembre de 2015 en comicios, esos sí, democráticos. Más tarde, en julio de 2017, el gobierno creó una “Asamblea Nacional Constituyente” sin participación de otras fuerzas políticas. La Asamblea de 2015 es la que ha asumido la presidencia del país ante el vacío jurídico creado por la autoimposición de Maduro.

El 5 de enero pasado el joven ingeniero industrial Juan Guaidó fue designado presidente de la Asamblea Nacional. El miércoles 23, como es ampliamente sabido, asumió la presidencia del país de manera interina. Guaidó, de 35 años, es miembro del partido Voluntad Popular encabezado por Leopoldo López, el destacado dirigente de oposición que en febrero cumplirá cinco años de estar preso (desde hace año y medio recluido en su domicilio).

Desde que fue designado presidente de la Asamblea, Guaidó desplegó una discreta pero eficaz acción diplomática dentro y fuera de Venezuela. Gracias a ello el miércoles 23, cuando asumió la responsabilidad presidencial, fue reconocido muy rápidamente por Estados Unidos, Canadá y casi toda América Latina. La excepción más notoria ha sido México.

El gobierno de México mantiene una posición conservadora, amparándose en una lectura rígida y atrasada del principio de no intervención, en el litigio venezolano. Hace tres semanas nos referimos en este espacio al sentido auténtico de la no intervención, que no impidió que México fuera solidario con la defensa de la democracia y de los derechos humanos en muchas ocasiones. En situaciones como ésta, la indefinición es una posición. Al no tomar una actitud específica el gobierno mexicano favorece a Maduro.

Hay quienes consideran que Guaidó no es de fiar porque ha sido apoyado por gobernantes de derecha como Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro. No hay que olvidar que junto a esos lamentables personajes la Asamblea Legislativa de Venezuela y su presidente son respaldados, entre otros gobernantes lejanos de posiciones conservadoras, por el canadiense Justin Trudeau, el ecuatoriano Lenin Moreno y el costarricense Carlos Alvarado. Estados Unidos tiene un insoslayable historial de abusos contra América Latina. Pero descalificar a un gobierno sólo porque Trump lo ha reconocido resulta excesivamente simplificador y un tanto infantil.

La Unión Europea, en un enfático documento, expresó el sábado su completo apoyo a la Asamblea Nacional y ha llamado “a la urgente realización de elecciones libres, transparentes y creíbles,  de acuerdo con los estándares democráticos internacionales y el orden constitucional venezolano”.

Las multitudes que en todo Venezuela se han movilizado a favor de la presidencia interina de Juan Guaidó confirman la adhesión que tiene la Asamblea pero, sobre todo, la desesperación de una sociedad maltratada y empobrecida. Sin comestibles ni medicamentos, sin los artículos de consumo diario más elementales, los venezolanos padecen un sacrificio inicuo.

El despotismo de Maduro, y antes de Chávez, exprimieron la economía, desmantelaron las instituciones políticas y atropellaron a la sociedad. Arrinconado, Maduro reacciona con miedo y violencia. En lo que va de 2019 y hasta el viernes pasado, 29 personas habían sido asesinadas en las protestas contra ese gobierno.

La realización de elecciones democráticas es el único remedio a la crisis venezolana. Es la vía para que el rumbo de Venezuela no sea resuelto por los militares ni por imposiciones de gobierno extranjero alguno.

Con su tácito apoyo a Maduro, el gobierno mexicano ha dejado de ser confiable para colaborar en una negociación. El presidente López Obrador dice que está a favor de la autodeterminación de los pueblos. De eso se trata, precisamente. La soberanía de los venezolanos, el derecho a resolver su destino, depende de que tengan elecciones libres. El gobierno mexicano podría respaldar o dificultar dicho proceso. En estas ocasiones, neutralidad no es imparcialidad sino complicidad.

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