Los inversionistas que formaron parte del fideicomiso para la construcción del Corredor Cultural Chapultepec, impulsado por Miguel Ángel Mancera y cancelado en 2015 por oposición vecinal, reclaman al gobierno de Claudia Sheinbaum 921 millones de pesos de indemnización.

Sin embargo, la mandataria capitalina advirtió que no les va a pagar “ni un centavo”, y aseguró que invertirán en el drenaje y pavimentación de la zona, pues busca modernizarla mientras se resuelve el juicio por la indemnización.

“Por no haber construido el corredor Chapultepec en 2015 por voluntad ciudadana, pretenden que el gobierno pague 921 millones de pesos. Se van a quedar con las ganas. Se acabó la corrupción y Av. Chapultepec se mejorará con recurso público”, publicó Sheinbaum en su Twitter.

En tanto que la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, informó que el gobierno capitalino se encuentra en un litigio, puesto que los particulares exigen el pago por la cancelación de la obra, aunque nunca llegó a realizarse el proyecto ejecutivo.

La funcionaria explicó que, en julio de 2015, la entidad del gobierno que antes se llamaba “Calidad de Vida” y actualmente es PROCDMX otorgó una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del Corredor Chapultepec, que abarcaba desde la avenida Sonora, en la Condesa, hasta la calle Florencia.

Recordó que la concesión para la obra se dio a un fideicomiso privado porque se construiría bajo la figura de “coinversión”, una forma de asociación pública-privada para poder realizar el proyecto. Sin embargo, en diciembre del mismo año se anunció la cancelación del “proyecto conceptual”, debido a que en una consulta ciudadana, organizada por el Instituto Electoral capitalino, vecinos de la zona expresaron su rechazo al corredor.

De acuerdo con la secretaria de Finanzas, el proyecto cancelado fue sólo “conceptual”, debido a que nunca llegó a realizarse un “proyecto ejecutivo”.

Luz Elena González explicó que las cláusulas bajo las que se determinó la participación de particulares “perjudicaban el interés público”, pues establecieron que, ante una extinción anticipada con responsabilidad de la dependencia auxiliar, debía indemnizarse a los privados.

“Lo que el gobierno tendría que pagar por la cancelación anticipada es lo que haya invertido la empresa más las utilidades futuras durante todos los años que dure la concesión, aunque no hayan realizado nada”, dijo.

Por ello, se inició un juicio por parte de la empresa y del fideicomiso en el que requieren el pago de 921 millones de pesos, aunque el proyecto conceptual fue cancelado, lo que “quiere decir que ni siquiera el proyecto ejecutivo estaba hecho, o sea, no invirtieron un peso dentro de la concesión”.