Terminó un ciclo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y es el de los abogados como titulares de esa institución. Desde 1990, cuando fue fundada por Jorge Carpizo, a instancias del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, los siete ombudsman han sido egresados de la facultad de Derecho de la UNAM y de sus posgrados.

Aquello tenía sentido, porque en un principio se pensó que el encargado de proteger los derechos humanos debería de tener méritos similares a los de un ministro de la Suprema Corte.

Esto fue variando con el tiempo, y la condición de jurista quedó como una atribución deseable, pero no definitiva en la ley, para quienes aspiraban a dirigir una de las instituciones protectora de derechos más importantes del mundo.

El Senado decidió dar un giro a la tradición y designó a Rosario Piedra, una activista familiar de un desaparecido político e hija de Rosario Ibarra de Piedra, quien hace unas semanas recibió la medalla Belisario Domínguez.

La hermana de Jesús Piedra Ibarra, quien fue detenido en 1975 y del que ya no se supo más, tomará las riendas de una institución fuerte, que cuenta con funcionarios capacitados y comprometidos con sus tareas.

Pronto se dará cuenta, si se da el tiempo para indagar, que las leyendas sobre una CNDH ajena a las preocupaciones de las víctimas son una patraña y que ésta se puede desmontar con el solo listado de sus Recomendaciones, en las que, por cierto, destacan las que tienen que ver con las ­desapariciones forzadas e inclusive por el expediente de Ayotzinapa.

José Luis Soberanes realizó un exhaustivo trabajo sobre la Guerra Sucia y González Pérez logró la más extensa indagatoria sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

Piedra Ibarra, tarde o temprano, tendrá que decidir entre las víctimas o el poder, porque la tarea de la ombudsperson, nunca es agradecida en los salones de Palacio si se realiza bien.

Si se hace memoria, ninguno de los presidentes de la CNDH ha tenido una relación tersa con los gobernadores, procuradores y secretarios de Estado.

La diferencia, quizá, radicó en el apoyo que tuvieron de la Presidencia de la Republica, que con ello facilitó o dificultó su trabajo.

Luis Raúl González Pérez, el ombudsman saliente, tuvo que afrontar uno de los contextos políticos más delicados, enfrentado hostilidades inéditas, pero lo hizo manteniendo siempre la independencia y dignidad de la institución.

Deja un legado de profesionalismo que debiera ser aprovechado para lo que está por venir, cuando los grupos criminales siguen avanzando y donde el derecho humano fundamental, que es el de contar con las condiciones para tener una vida plena, es vulnerado por la inseguridad que impera en varias regiones del país.

Era evidente que en el Senado elegirían a quien contara con el beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que tiene la fuerza y los instrumentos para lograrlo, pero lo que ocurra de aquí en adelante será la responsabilidad, aunque también la oportunidad de Piedra Ibarra.

Después de todo, lo que tiene que hacer es seguir actuando con coherencia, como lo ha hecho con su madre en las últimas décadas, y si lo hace, estará del lado de quienes recurren a la CNDH buscando auxilio.

Tampoco hay que ser ingenuos y debemos tener presente que una de las motivaciones del cambio en la CNDH tiene que ver con los grupos que pretenden destruirla. A pesar de ello, si Piedra Ibarra decide conservar, e inclusive fortalecer, el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, seguramente encontrará muchos aliados en el camino.