En buena hora Michelle Bachellet le propinó vigorosa sacudida a los mexicanos para tratar de sacarlos del marasmo ante la escandalosa dimensión de la violencia que, al cabo de doce años, a nadie parece estremecer.

Podrá decirse que es mujer y tiene el corazón de pollo, que su criterio está sesgado porque fue torturada y es hija de un desaparecido y esposa de un ejecutado político, o que durante su presidencia también empleó de modo discutible la fuerza del Estado…

Podrá intentarse descalificarla de diversas maneras; pero ni el más enconado antagonista de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se atrevería a negar que acertó al decir que “México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra”.

Los números hablan: 252 mil 538 de 2006 a la fecha, más de 40 mil desaparecidos, 26 mil cuerpos sin identificar, 850 fosas clandestinas…

“Sabía muy bien de la violencia, pero no tenía idea de la dimensión (…) Son datos aterradores”, dijo Bachelet con pesadumbre contrastante con el letargo, el ostensible sentimiento de indiferencia del grueso de la población mexicana.

En cualquier democracia que se respete una realidad de violencia como la que atraviesa nuestro país hace rato hubiera sublevado los ánimos aun de los más inconmovibles.

En nuestro medio, salvo en los entornos más inmediatos de las víctimas directas de la violencia —a las cuales debe sumarse ¡un millón de desplazados tan sólo en 2017!—, el desinterés ante la espantosa realidad es absoluto.

Y, mejor ni hablar de la impasibilidad de las autoridades, ya sean éstas del último tramo “neoliberal y conservador”, o de la 4T.

De cara al recuento macabro realizado por quien fue víctima personal de la dictadura de Augusto Pinochet, se antoja insoslayable el complemento de la ecuación: ¡Ni un solo alto responsable de esta horrorosa realidad ante la justicia o tras las rejas!Peor. Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, principales y directos responsables —en función de su cargo—de haber hundido y mantenido el país en este periodo de barbarie, disfrutan la vida en el ostracismo, sin que nadie ose perturbar su impunidad.Y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, atento anfitrión de la ex presidenta de Chile, avanza persistente por el mismo sendero de sus antecesores. Sin que se avizore cambio alguno —radical, a la medida de la apremiante realidad— en los planes para la recuperación de la paz y la tranquilidad social.

La presente administración abrió con desaforado voluntarismo y mucha retórica, pero apenas cambios cosméticos en el campo de la inseguridad pública y el combate a la delincuencia, en particular el tráfico de drogas.

El saldo está a la vista. Sólo el jefe del Estado parece convencido de que el índice de homicidios no han aumentado y que en materia de seguridad “¡claro que sí hay resultados!, lo cual —según su visión— es demostrable con sólo comparar las cifras actuales con las de idénticos periodos de sexenios anteriores.

Como en otras muchas cosas el presente gobierno atina en el diagnóstico, pero yerra en el tratamiento. La violencia —dice y dice bien el tabasqueño—se desató “desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo al avispero”. Cierto. Pero ya no estamos para diagnósticos.

Resulta descorazonador, en este escenario, que la designación del general Luis Rodríguez Bucio —bulado a hierro candente por el calderonato— al frente de la Guardia Nacional, anticipa la reedición, si no es que el recrudecimiento de la estrategia bélica cuyo saldo consternó a la funcionaria de la ONU.Y, a la luz de los nombramientos en la Coordinación de Operativa de la Guardia, que incluye al general Xicoténcatl de Azolohua Núñez, el contraalmirante Gabriel García Chávez y la doctora Patricia Trujillo, nada hay que permita suponer un futuro menos cruento.Si en algún momento pudo entusiasmar a alguien la aquiescencia de nuestro primer mandatario ante el plausible empeño de Olga Sánchez Cordero de imprimirle un viraje a tal estrategia, enfocándola hacia el único camino viable, la legalización de las drogas, hay indicios para suponer que esa condescendencia ya quedó en el olvido.

Puestas así las cosas, resultó no sólo ociosa sino bizantina la discusión en que se enfrascaron todas las fuerzas políticas sobre si el jefe de la Guardia debería ser civil, militar o a medio camino entre una y otra categorías. Quien quiera que fuese el elegido tendrá que continuar la guerra sin fin.

Se explica que los gobernantes pongan oídos sordos ante las escasas voces de protesta por la violencia imparable. Obran con la certeza de que la sociedad está adormecida, catatónica, y consiente cualquier decisión por desatinada que ésta sea.

Eso explica que en el horizonte  no se atisba ni el más leve cambio en la guerra anti-narco y la delincuencia organizada en general.

No se avista cambio alguno ni siquiera a la luz de las evaluaciones y advertencias acerca del impacto de la aterradora realidad en el desarrollo.

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, diagnosticó ante senadores que la inseguridad es uno de los tres factores —los otros son la corrupción e impunidad y la incertidumbre en la política interna— que inhiben el crecimiento económico.

Y el Instituto para la Economía y la Paz calcula que en 2018 la violencia le costó a nuestro país la friolera de 5.16 billones de pesos; o sea, 24 por ciento del Producto Interno Bruto.

En modo alguno fue impertinente, frente a esta escandalosa realidad, la comparación de Bachelet entre el saldo de la dictadura pinochetista y los peores años que vivió su país, con la situación que hoy sufre México.

Se trató de una ruda zarandeada delicadamente envuelta en un empaque de optimismo.

Dijo que si Chile pudo avanzar y superar las numerosas y graves violaciones a los derechos humanos vía la justicia, la verdad, la reparación y los mecanismos que garantizan la no repetición, México también lo logrará.

Le faltó decir que en ese tiempo, en aquel país, la sociedad no estaba anestesiada, las leyes no eran papel picado y hubo quienes tomaron la decisión de aplicarlas.

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