Organismos defensores de los derechos humanos acusaron que la reducción del 75% en el presupuesto operativo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como resultado de las medidas de austeridad señaladas en el Decreto presidencial del pasado 23 de abril, agudiza la grave crisis de atención y justicia a las víctimas en México.

Advierten que el ajuste correspondiente a los capítulos 2000 y 3000 en el marco de la política de austeridad no solamente implicaría la imposibilidad de pagar al personal contratado por servicios —por ejemplo de Asesores Jurídicos Federales— sino también de cubrir aquellos gastos inherentes a las actividades de acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Reprochan que en un contexto de crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes, en el que la situación de vulnerabilidad de las miles de víctimas que existen en el país se agudiza, el Gobierno mexicano continúa sin establecer como una prioridad de Estado el tema de la atención a víctimas.

Incluso —agregan—, el Gobierno parece desconocer la relevancia y la necesidad de contar con una estructura institucional que garantice efectivamente los derechos de las víctimas.

Por ello, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos , organismos defensores de derechos humanos y víctimas, acusaron que la Comisión Ejecutiva (CEAV)) aún se caracteriza por su ineficiencia, apatía, burocracia, y opacidad para hacer justicia a las víctimas, propiciada también por la ausencia de un reglamento interno pendiente de emisión desde el año 2017.

El 2 de junio pasado, la titular del CEAV, Mara Gómez, aseveró que debido al decreto presidencial de austeridad, que reduce en 75 por ciento el presupuesto de los rubros 2000 y 3000, ese organismo quedaría inoperante.

Los colectivos y organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la grave crisis de atención a víctimas que se agudizará, sobre todo, por las graves deficiencias que se han evidenciado en la CEAV

De hecho, algunos colectivos exigieron la “inmediata y urgente” remoción de la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez , al acusarla de que en los seis meses de gestión no ha presentado oficialmente un programa de trabajo, pero sobre todo ha incumplido sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (caso ABC, entre otros), ha amenazado, revictimizado, suspendido derechos sin marco legal y criminalizando a las víctimas.

Asimismo, exigieron que se esclarezca el motivo de la difusión de dicho documento y su fundamento legal, para que a través de ese comunicado de la CEAV se amenace a las víctimas, al igual de la aplicación del Fondo de Atención a Víctimas y el presupuesto de ese organismo.