Era el superdelegado de AMLO en Jalisco, ­terruño de la principal y prácticamente única figura opositora de peso, Enrique Alfaro; estaba llamado a ser el candidato a gobernador que trataría de desbancar a Movimiento Ciudadano,  pero también era empresario farmacéutico y, en ese sector, uno de los grandes beneficiarios de contratos en donde el Presidente ha remarcado la corrupción imperante.

Su nombre es Carlos Lomelí y le gusta que le digan doctor (aunque en realidad es médico, egresado de la UdeG). La tensión que generó entre la 4T y el gobernador Alfaro terminó ayer, en contra del superdelegado, que presentó su renuncia.

“Tomé la decisión de separarme del cargo de Delegado de Bienestar en Jalisco, lo hago con un profundo sentido de responsabilidad y con claridad de miras y prioridades. Primero Patria y Transformación, después estamos las personas. Hoy tomo distancia para que el ruido de la politiquería no afecte el trabajo que debe hacerse”, escribió en su tuit… Aunque el empresario farmacéutico optó por permanecer 50 días en el puesto, durante los que su oficina intervino en reparto de apoyos directos y eventos públicos.

El factor que desestabilizó la continuidad del superdelgado fue la investigación de la Secretaría de la Función Pública (encabezada por Irma Eréndira Sandoval, probablemente la funcionaria más cercana al presidente López Obrador).

La dependencia federal optó por proteger la visita del Presidente a Jalisco durante este viernes. Aún sin una confirmación oficial, los elementos que, según prometió AMLO, se harán públicos en su momento.

“En el Gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la 4T. Los trabajos del equipo liderado por la secretaria Irma Sandoval dan otro fruto rumbo a la nueva ética pública”, se lee en el tuit oficial de la Función Pública a los pocos minutos de que la renuncia de Lomelí se difundiera.

El superdelegado que debía enfrentar a la figura opositora más importante del país cayó por lo que parece ser una muy dura revisión de los conflictos de interés con los que ingresó al cargo federal.