Por medidas cautelares derivadas de un amparo, se bloqueó a Ricardo Rodríguez, exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para llegar a ser Procurador para la Defensa del contribuyente. Rodríguez era propuesto por AMLO en una terna y, sin cumplir requisitos, era el señalado por el Ejecutivo para ser elegido en el Senado.

Ayer se concedieron las medidas cautelares a promoventes de un amparo en contra de esa forma de armar ternas por parte del Ejecutivo. El juez primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, Édgar Ulises Rentería Cabañez, señaló en su resolución que “la discrecionalidad del Presidente de la República para someter ante el Senado o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la terna para la designación de dicho funcionario público no es del todo absoluta, en tanto que encuentra su límite en el cumplimiento de los requisitos de exigibilidad impuestos por el propio mandato legal”.

El juzgador señaló que es necesario vigilar esos requisitos para optimizar, en este caso, el derecho de los contribuyentes de contar con una institución integrada por servidores públicos debidamente capacitados académicamente para defenderles.

Es este razonamiento legal está un aspecto que trasciende a la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), pues las ternas sin candidatos idóneos para órganos autónomos han aparecido en temas tan delicados como el energético o la propio Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La suspensión es provisional, pero la argumentación apunta a que se tornará definitiva. Ante esto, el Senado no puede avanzar en el procesamiento de la terna y mucho menos en ungir a Ricardo Rodríguez, el elegido por AMLO, en ese cargo.

havh