Con la inseguridad y violencia al alza en el país, la militarización se ha profundizado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la llamada Guardia Nacional, “declara impronta castrense”, con base en un nuevo marco legal que entrega a las Fuerzas Armadas atribuciones que por años buscaron para expandir su a participación en los más diversos ámbitos de la vida pública.

“La militarización durante el actual sexenio ha alcanzado una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones”.

Así lo establece el informe “Poder militar, la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense", donde se advierte que el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia en México sin contar que suele ocasionar un aumento de violaciones a derechos humanos.

Asimismo alerta que “el fortalecimiento del sector castrense puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana”.

El informe elaborado por el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, establece que a dos años de la creación de la Guardia Nacional, el 75 por ciento de sus elementos son de extracción castrense.

Según datos recabados a través de solicitudes de información, a marzo pasado, la Guardia Nacional se integra por 101 mil 182 efectivos, de los cuales 59 mil 439 proceden de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 16 mil 350 de la Secretaría de Marina (Sedena). Los otros 26 mil 393 elementos proceden de la Policía Federal.

MANDOS CIVILES DESDIBUJADOS

El reporte advierte que contrario a lo establecido en la reforma que dio vida a la Guardia Nacional, los mandos en las 32 entidades federativas provienen de las Fuerzas Armadas y ninguno es civil: 28 de la Sedena y 4 de la Semar

“Este es quizá uno de los datos más relevantes sobre el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional: en ninguna entidad existe un Coordinador Estatal de procedencia civil; todos son castrenses”, detalla

El análisis alerta que la propia dinámica del proceso de militarización en curso y sobre todo la pasividad de las instituciones que pueden fungir como controles, genera las condiciones para que en cualquier momento se repitan los patrones de violaciones a derechos humanos que hemos conocido en los recientes lustros.

“La pasividad de las instituciones que pueden fungir como controles externos ante los casos que se están presentando –y que inevitablemente seguirán presentándose por la impunidad y las inercias institucionales– contribuye a ello”, asevera

Más aún—agrega--, el calado de los cambios legales y del renovado protagonismo militar es de una profundidad lo suficientemente grande como para que sea justificado expresar una fundada preocupación sobre lo que este proceso de militarización puede significar a futuro en México.

En ese sentido, el estudio del Centro de Derechos Humanos PRO, advierte que si bien existe la posibilidad de que este régimen sea transitorio como asegura el Presidente López Obrador, lo cierto es que también está el inminente peligro de que el renovado protagonismo militar ha llegado para quedarse en México.

“Mientras los gobiernos pasan, el andamiaje legal e institucional que generan permanece”, recuerda.