El sector empresarial del país reconoció la necesidad de replantear la figura del outsourcing o subcontratación para evitar abusos, pero expresó su preocupación por “las consecuencias gravísimas” que tendría la eliminación de esos esquemas para la economía del país pues, de entrada, impactará a la generación de empleos e inhibición de inversiones que pone en riesgo el T-MEC.

“Se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, que tendría consecuencias gravísimas para la economía de México y de todos los mexicanos, ya que genera un alto grado de incertidumbre, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera, busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional”, alertó el líder de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), Francisco Cervantes.

En ese sentido reconoció la sensibilidad del presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, quien accedió a analizar y discutir en el seno del parlamento abierto, las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación.

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El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE) Carlos Salazar Lomelín, pidió a las autoridades ejercer las facultades con las que ya cuentan para sancionar las prácticas ilegales y demandó a los senadores realizar una mesa de análisis para revisar las deficiencias del outsourcing.

En tanto el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, advirtió que eliminar la figura de subcontratación, como se aprobó en comisiones del Senado inhibirá la creación de empleos y ahuyentar a inversionistas

Calificó esa reforma como “un grave error”, ya que busca prohibir la tercerización o subcontratación en actividades preponderantes o principales en una empresa, lo cual afectaría la generación de empleo.

En su oportunidad, la Concanaco-Servytur criticó que se criminalice la subcontratación, porque representaría un duro golpe a miles de empresas que utilizan legal y legítimamente esta figura para aumentar su competitividad.

“Es un factor adicional en los temas que podrían afectar la ratificación del T-MEC, por la falta de respeto al Estado de Derecho, y más cuando hay grandes corporativos mundiales que están en espera instalarse en el país”, explicó su dirigente José Manuel López.

La Coparmex está en favor de combatir el outsourcing cuando sea de forma simulada e ilegal y se demuestre que afecta a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social; no obstante, rechaza que sea considerado en general como una simulación y pretenda calificarse como delincuencia organizada.

“(La iniciativa) tiene visos de inconstitucionalidad: busca ser retroactiva, lo que es una aberración jurídica. Esto colocaría como grupos de delincuencia organizada, de manera retroactiva, a todos los que en el pasado utilizaron figuras de subcontratación que desde el año 2012 son legales y legítimas. Califica de delincuentes a quienes cumplieron con la ley vigente al día de hoy”, acotó.

Gustavo de Hoyos sostuvo que la Ley Federal del Trabajo “no debe contener regulaciones que menoscaben la competitividad, sustentabilidad y estabilidad de las empresas, en este sentido preocupa al sector empresarial que algunos legisladores, al referirse a la tercerización o subcontratación, digan que se debe limitar a actividades indirectas que sean ajenas a las preponderantes o prioritarias en una empresa”.

El CCE demandó al Congreso a establecer “un diálogo real, en el que se escuchen las preocupaciones de todos los sectores productivos, y así conseguir una reforma que garantice los derechos laborales de los trabajadores, pero que no atente contra la propia creación de empleo y la economía nacional”.

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