Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que el Congreso de la Unión, convoca a las Cámaras de Diputados y de Senadores a un periodo extraordinario de sesiones con el fin de discutir reformas en materia de Guardia Nacional y el Proceso de selección para el nombramiento del Fiscal General de la República.

Para dimensionar la importancia de estos temas, bastaría decir que, en este periodo extraordinario se definiría la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un tema que, de acuerdo con estudios e investigaciones de organismos nacionales e internacionales, debiera ser prioridad por la deplorable situación de inseguridad que prevalece en gran parte del país.

Tan es así que, recientemente un medio de comunicación nacional publicó, como nota principal, que las ejecuciones en México, aumentaron en el primer mes del nuevo Gobierno federal toda vez que los homicidios dolosos repuntaron en un 65 por ciento respecto al último mes de la pasada Administración.

La nota de ocho columnas del medio de comunicación aseguró, mediante sus mediciones, que el mes de diciembre pasado cerró con al menos 887 ejecuciones, lo que representa un repunte considerable en comparación con las 537 víctimas registradas en el último mes de Enrique Peña Nieto.

Estas cifras nos hablan de la gravedad que reina en todos los rincones del país y que impacta a los tres niveles de gobierno, pero, pareciera que dichos datos son completamente desconocidos por el Poder Legislativo, toda vez que durante el primer periodo ordinario priorizaron la discusión sobre el robo al huachicol y no el tema de inseguridad que hoy padecemos.

Peor aún, si los legisladores ya conocían estos datos sobre el incremento a la inseguridad en el país, entonces, no les importó la exigencia y principal demanda de la ciudadanía para poner fin a estos delitos que cotidianamente laceran la vida de los que menos tienen y por ello, no fueron abordados por nuestros legisladores en un periodo ordinario, sino que lo dejaron hasta un extraordinario como si la gente pudiese aguantar aún más.

Con esa lógica nos damos cuenta de que la agenda legislativa está obedeciendo a intereses económicos y no sociales pues el robo al combustible deja importantes pérdidas al erario y no así el robo con violencia a transeúnte, robo a casa habitación, asalto a mano armada al transporte público, secuestro exprés, narcomenudeo y demás delitos que se cometen a diario en todo el país.

Por otro lado, es importante señalar que en dicho periodo extraordinario de sesiones a celebrarse el 16 de enero se pretende discutir y en su caso aprobar la reforma al Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva, por lo que es, sin duda, la oportunidad para diputados y senadores de subsanar la deuda que se tiene con la gente y ampliar el catálogo de delitos graves que contempla este artículo.

No se trata de encarcelamientos masivos, con la ampliación del catálogo de delitos graves, se evitaría que la gente, en aras de su desesperación, decida linchar al presunto delincuente como una forma de hacer justicia por propia mano.

Asimismo, dicha ampliación del catálogo reforzaría el actual sistema de justicia penal que hasta el momento ha dejado mucho que desear; incluso, por sus deficiencias se han registrado casos en los que el delincuente pasa a ser víctima, por ello, incluir los delitos antes mencionados como graves, es voltear a ver a millones de personas que han perdido la vida en el transporte público o que han sido víctimas de un delito y que hasta el momento no han encontrado justicia y lo peor, es que hasta ahora, ningún gobierno les ha garantizado volver a su casa sanos y salvos.

Twitter: @julioc_moreno