Con 82 votos a favor y 34 en contra, el Senado aprobó en lo general diversas reformas para tipificar como delincuencia organizada  y hasta riesgos a la seguridad nacional la defraudación fiscal  a través de la compra-venta de facturas falsas.

El dictamen contempla prisión preventiva oficiosa para la defraudación fiscal  y su equiparable a través de la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición  de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

“Esta iniciativa va contra los que facturan cerca de 30 millones de pesos para amparar el saqueo que se hace a través de actos inexistentes (…)  Para los políticos que se vuelven delincuentes, para los delincuentes que se vuelven políticos y se disfrazan de empresarios, este es un asunto de justicia tributaria y de equidad fiscal, no vamos a permitir la doble moral”, estableció el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta.

Aunque PAN, PRI y Movimiento ciudadano estuvieron en contra del terrorismo fiscal y de equiparar el contrabando, emisión de facturas falsas y la defraudación fiscal con un delito grave y delincuencia organizada, que amerite prisión preventiva oficiosa,  Morena se impuso y aprobó en lo general ese dictamen.

Además, el senado aprobó que por tratarse de ilícitos que atentan contra el Fisco, se considerarán como amenazas a la seguridad nacional.

Las leyes que se modificaron son:  Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal.

Según el dictamen aprobado se aplicará una pena de hasta 8 años de prisión a quien expida, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.  Pero, si el daño es al Fisco Federal, la inhabilitación será por un plazo de 20 a 30 años.

Se establece una pena de hasta 9 años de prisión para las personas morales, cuando el monto de lo defraudado sea mayor a 965 mil dólares o 18 millones 209 mil 870 pesos.

La oposición externó su preocupación por el dictamen y cuestionó su contenido por su validez constitucional y la pretensión de imponer un “terrorismo fiscal”.

FUCHI…GUÁCALA

Claudia Anaya, senadora del PRI, acuso a este gobierno y a Morena de atentar contra la presunción de inocencia y de aplicar políticas recaudatorias terroristas.

“Hay que tener mucho cuidado, yo les voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje, esta reforma esta fuchi, esta reforma esta guácala. Señor, señora empresarios tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios, es cuanto”.

En el mismo sentido la secretaria de la comisión de hacienda, la panista Minerva Hernández, dijo que esta reforma solo tiene un ánimo recaudatorio.

“Lo que hay detrás de esta reforma es un claro animo recaudatorio porque las cifras no les están cuadrando, porque necesitan dinero de manera urgente, porque ante el faltante del ingreso observado, no les basto con pegarle un mordisco de mas de 40 por ciento al fondo de estabilización de ingreso petroleros, porque este gobierno quiere mas recursos para su tren maya, para la refinería de Dos bocas, para Santa Lucia o para jóvenes construyendo el futuro, cuyos datos son improbables e inverificables, para eso quieren mas recursos, atacando a los contribuyentes con acciones que se constituyen en terrorismo fiscal”.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, destacó que ni el uso de facturas falsas, el contrabando y la defraudación fiscal ameritan ser considerados como delitos de delincuencia organizada ni mucho menos atentatorios para la soberanía nacional.

“Yo les pregunto ¿Deberás, esto es delincuencia organizada? (…) Para que mandamos este mensaje a los contribuyentes, por qué no vamos como lo planteó la Secretaría de Hacienda por quienes alteran las facturas, por quienes alteran los contratos, por qué no cerramos en la ley a qué se está dirigiendo. (…) A mí me parece que esto es demasiado amplio. Pero, todavía más delicado me parece lo de la seguridad nacional, son conductas en donde hoy se tiene el espionaje, el terrorismo, el genocidio, la traición a la Patria, ¿deberás también la defraudación fiscal? Yo creo no. Compañeros hoy están ustedes en el poder, pero las leyes no se van a hacer para estos seis años, estos cambios son de una política pública”.

Lucía Trasviña, senadora Morena, defendió estas reformas argumentando que hay resistencia a los cambios que presenta la Cuarta Transformación.

Acusó a la oposición de recurrir a argucias legaloides y argumentos jurídicos sin sustento para defender un negocio que ven perdido.

“Lo siento mucho porque quienes tuvieron y ejercieron el poder, por quienes fueron cómplices de esas empresas fantasmas y que se le está yendo de la mano el gran negocio. Se van a joder, porque no vamos a permitir corrupción. Aquí hay quienes han sido los grandes beneficiarios del saqueo de los bienes de este país. Se los digo de frente, son unos baquetones, cínicos y sinvergüenzas”.

En el dictamen se establece que se requerirá de querella por parte de la Secretaría de Hacienda para proceder penalmente por el uso de facturas falsas.