*Ángel Mundo López

Dicen Carlos Tello y Jorge Ibarra que, en el Neoliberalismo, “el Estado no es débil ni inactivo… constantemente establece y preserva el orden en los mercados competitivos” (La Revolución de los Ricos, p. 22). A su vez, Gerardo Ávalos menciona que “aún en los países prototípicos del liberalismo económico… el Estado siempre ha desempeñado un papel fundamental para proteger la acumulación privada del capital” (La Política del Capital, p. 24). Esto ha ocasionado que, en los últimos años, la concentración de la riqueza adquiera tintes alarmantes. Dice Miguel del Castillo que la riqueza se encuentra distribuida de manera muy desigual en México: dos terceras partes están en manos del 10% más rico del país y 1% acapara más de un tercio, lo que genera un coeficiente de Gini de 0.79 (La Distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México, CEPAL, 2017, p. 45). Parafraseando a Soledad Loaeza, estos hechos generaron un llamado a las urnas en el año 2018 en favor de un cambio, cuyo mejor representante fue Andrés Manuel López Obrador.

Desde la campaña electoral de 2018, el ahora Presidente ha relatado en diversas ocasiones el diálogo sostenido con una persona que le dijo: “así como Juárez separó la Iglesia del Estado, usted busque, procure con el apoyo del pueblo, separar al poder económico del poder político” (http://bit.do/fjYdN). Tan hondo calaron estas palabras que, en el Primer Informe de Gobierno, un apartado se titula “Separar el poder político del económico”, en donde reseña las acciones llevadas a cabo para alcanzar dicho objetivo, v.g.: “El Gobierno de México impulsa acciones para que las instituciones gubernamentales no sean usadas para el servicio de los intereses corporativos (empresariales y mediáticos) ni para consolidar fortunas” (p. 24).

Pero ¿hasta dónde son ciertas estas palabras?, ¿qué tan efectivas son las acciones llevadas a cabo por este gobierno para lograr tal separación? Esta pregunta es válida si consideramos que el presidente gusta mucho de hacer afirmaciones que no tienen sustento empírico. Diversos análisis como el del portal Verificado (http://bit.do/fjYhx) o la consultora Spin-Tcp (http://bit.do/fjYjK), han demostrado que una buena parte de las afirmaciones del Presidente no es verdadera o, por lo menos, no ha sido concretada al momento en el que la hace pública, por tanto, pongamos atención en una de las áreas de acción del Estado, la política social en su vertiente asistencial:

A unas cuantas semanas de haber iniciado la presente administración, Banco Azteca obtuvo una adjudicación directa para manejar las tarjetas destinadas a la entrega de las transferencias económicas correspondientes a diversos programas sociales de esta administración (Jóvenes Construyendo el Futuro, Bienestar de los Adultos Mayores), la Secretaría de Hacienda argumentó que esto se realizaba porque “los contratos de servicios financieros no están sujetos a la ley de adquisiciones por ser contratos mercantiles” (http://bit.do/fjYp2).

Banco Azteca es una empresa del consorcio Grupos Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien, por medio de la Fundación Azteca, instrumenta un proyecto filantrópico denominado Orquestas Esperanza Azteca. Pese a que dicho proyecto cuenta ya con algunos años de historia, al momento de escribir estas líneas su portal electrónico todavía se encuentra “en construcción” (http://bit.do/fjYre). Lo importante a resaltar en este caso es que, como lo menciona una investigación realizada por el portal Quinto Elemento, la citada fundación aporta tan sólo cinco centavos de cada peso invertido en sus proyectos filantrópicos, además de que en un lapso de diez años obtuvo donaciones por un monto aproximado de mil 700 millones de pesos de parte de distintas administraciones gubernamentales tanto a nivel federal como estatal (http://bit.do/fjYrD). En añadidura, y por poner sólo un caso, el 2020 el estado de Baja California Sur verá disminuidos los recursos que anteriormente estaban destinados al programa Escuelas de Tiempo Completo, en favor de Fundación Azteca (http://bit.do/fj5yP).

Veamos otro caso: el de la atención a las personas con discapacidad. Con la llegada a la Jefatura de Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) llevó a cabo la creación de las unidades básicas de rehabilitación (UBR´s) en los centros de desarrollo comunitario, acercando servicios indispensables a sus beneficiarios. Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Jefatura de Gobierno, la aplicación de la “austeridad republicana” impidió la consolidación de esas unidades; no obstante, instrumentó un programa de transferencias económicas mensuales equivalentes a medio salario mínimo para las personas con discapacidad, algo que, como mencionamos en otro espacio (http://bit.do/fmg6L), implica la reducción de la complejidad de los problemas públicos a una respuesta homogénea: la entrega de recursos económicos que, si bien son necesarios, representan sólo una parte del conjunto de bienes y servicios que se requieren para avanzar en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, desde el año de 1997 (http://bit.do/fma2Y), emergió un modelo filantrópico de atención a la niñez que padecía alguna discapacidad: la Fundación Teletón, vinculada a la empresa de comunicaciones Televisa, quien comenzó a llevar a cabo anualmente actos de recaudación para financiar la creación y operación de los centros de rehabilitación infantil Teletón (CRIT). El éxito de esta fundación no puede explicarse sólo por sus campañas de acopio y la publicidad que la rodea, si ha podido funcionar ha sido gracias a la firma de diversos convenios de colaboración con representantes del gobierno en sus distintos niveles, como lo evidencian los casos de Michoacán y Baja California; por ejemplo, el primero de ellos, en el 2014, a pesar de enfrentar una crisis financiera, aportó 40 millones de pesos (http://bit.do/fma5j), mientras que Baja California, al año siguiente se comprometió a invertir 120 millones de pesos (http://bit.do/fma5t).

Desde hace algunos años diversas voces manifestaron su oposición a las aportaciones de dinero público a esa fundación, una de las principales fue la del Comité de Expertos de la ONU, quien recomendaba al gobierno federal no destinar recursos al Teletón por considerar que “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad” (http://bit.do/fma5S). Además, personalidades importantes dentro de la presente administración, anteriormente manifestaban su desacuerdo con ese modelo, como la actual secretaria de la Función Pública, quien argumentó el aprovechamiento de “una causa legítima para fines (sic) político-empresariales” (http://bit.do/fma7w); por si no fuera suficiente, el actual presidente mencionó “ni con todos los teletones del mundo podría Televisa compensar el grave daño causado al pueblo de México como parte de la mafia del poder” (http://bit.do/fma7V).

A unos días de celebrarse el acto de recaudación de Teletón en este año 2019, el Presidente mencionó la posibilidad de establecer un convenio con dicha fundación, aduciendo que, “independientemente si nos gusta o no nos gusta, si consideramos que fue bueno, fue malo, si fue auténtico o fue falso, lo que hay en el país son las clínicas del Teletón, son las que tienen más cobertura, que no descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que las instalaciones sean más utilizadas, porque tienen muchas limitaciones por falta de recursos” (http://bit.do/fj5Ew).

Finalmente, y a sabiendas de que una cosa es el discurso político en campaña y otro muy distinto el que se realiza en el ejercicio del poder, se puede observar cómo el presidente mantiene esa dualidad en su relación con los empresarios, unas veces confrontativo, otras más conciliador, lo que le ayuda a controlar la agenda en su relación con aquellos y a mantener el apoyo de sus seguidores pero, lo que es un hecho, es que lejos de separar ambos poderes, los vínculos entre ellos siguen siendo muy fuertes en un sector que es prioritario para el Presidente: el social.

*Profesor-investigador del Departamento de de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana.