A partir de hoy, los funcionarios que incurran en violación a derechos humanos de los migrantes serán destituidos e inhabilitados, de acuerdo con el decreto que reforma la Ley de Migración, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las sanciones, se indica en el documento, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El decreto reforma los artículos 109 y 140 de dicha legislación y fue aprobado el pasado 3 de abril por el Congreso de la Unión.

En el artículo 109 se establece y precisa, en su fracción XV, que los extranjeros que sean presentados ante una estación migratoria también tendrán los derechos que señalen otras disposiciones jurídicas y los que marca la Ley de Migración.

Antes sólo indicaba que podían gozar de los derechos establecidos en las disposiciones de carácter general que expida la Secretaría de Gobernación.

En el artículo 140 se estipula que la violación de los derechos humanos de los migrantes por parte de los funcionarios o servidores del INM, así como el uso indebido de documentación migratoria, o entrega de ésta a terceras personas, también se sancionará con la inhabilitación.

La ley marcaba que estas infracciones, consideradas graves, sólo debían castigarse con la destitución del funcionario.