La Secretaría de la Función Pública (SFP), que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, inhabilitó por diez años a Alfredo Castillo, extitular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) en la administración de Enrique Peña, al detectarse que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge por más de 18 millones de pesos.

Sandoval Ballestero aseveró que las declaraciones patrimoniales son una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito.

La funcionaria federal detalló que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a "un exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto".

"La nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”, indicó Sandoval Ballesteros en un comunicado.

Resaltó que la Secretaría de la Función Pública tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de Alfredo Castillo en sus declaraciones presentadas ante esta dependencia.

Recordó que “este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”.

La sanción contra el exfuncionario peñista ya fue notificada, y deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el Alfredo Castillo, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

De acuerdo con la Función Pública, la omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En el actual gobierno federal se han abierto más de 26 mil expedientes relacionados con responsabilidad administrativa, entre ellos el que deriva en la inhabilitación de Alfredo Castillo. Actualmente, hay 20 mil expedientes resueltos