La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que su administración ha detectado un gran número de robos a personas en tiendas de autoservicio. Ante ello, incluso comentó que tendrá reuniones con los coordinadores de tiendas y supermercados para atacar el problema de fondo.

Como se recordará, Crónica dio a conocer casos de robo al interior del Soriana ubicado en las proximidades del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, en las proximidades de Coapa y de Tepepan (alcaldías de Tlalpan y Xochimilco respectivamente).

Después de cuestionarle sobre las denuncias de clientes en Soriana de Coapa y la presunta complicidad de guardias de seguridad para cometer atracos dentro de las tiendas, la Jefa de Gobierno señaló que “es algo que desafortunadamente hemos detectado, es algo que diario estoy revisando y mi gobierno se reunirá con los coordinadores de las tiendas de autoservicio para resolver este problema desde el fondo y revisar todas las denuncias”, explicó la mandataria local.

El caso que destapó otros. El día de ayer Crónica sacó a la luz la denuncia de Leticia, la última víctima de uno de los asaltos al interior de la Mega Soriana —situado en la colonia Ex de San Juan de Dios, alcaldía de Tlalpan—, quien señala a empleados de la tienda, incluyendo a los elementos de seguridad encargados de las cámaras de vigilancia, como parte del grupo que le sacó la cartera en el área de verduras de la tienda y después ha obstaculizado durante tres días la investigación del robo.

La denuncia de Leticia, que ya se formalizó ante el Ministerio Público, descubrió más delitos en la misma tienda, incluso hubo un caso en el que una mujer de la tercera edad, que refirió directamente a Crónica su experiencia, fue seguida hasta el estacionamiento por sujetos que la sometieron poniéndole una cuerda al cuello para después ser amenazada a efecto de no denunciar.

Leticia se sorprendió aquel miércoles 10 de abril cuando intentó pagar y no encontró su monedero; al pedir auxilio a los elementos de seguridad de la tienda, éstos le dijeron: “fueron unas gordas”, sin que Leticia hubiera proporcionado datos de quienes perpetraron el atraco.

“Cuando le digo a los guardias de seguridad que me asaltaron, una de ellas, llamada Tomasa Luciano Carlos, me dice que fueron unas gordas que salieron corriendo, y sin que yo le hubiera dicho quién o quiénes; ella sola se echó de cabeza, ¿cómo sabía que eran gordas? y si sabía, ¿por qué no las detuvo?”, se cuestionó.

Al pedir hablar con los gerentes, otra agente de seguridad de la tienda, que se identificó como Graciela Villalobos, comenzó a amedrentarla frente a los clientes, e incluso la amenazó diciendo que no tenía derecho a exigir los videos de seguridad.

“Pedí que le hablaran al gerente para poder ver los videos y ver que me robaron la tarjeta, pero ella hasta de groserías me dijo y cuando llegaron los gerentes, ella los amenazó diciendo, ‘pobre de ti si ayudas a esta vieja’, y en mi desesperación hasta la presión se me bajo”, comentó Leticia.

La tardanza en la atención, intencional a decir de la víctima, permitió que quienes asaltaron a Leticia usaran sus tarjetas para comprar en otras tiendas; más tarde supo que se realizó una compra de 38 mil pesos en una tienda de electrodomésticos y de 11 mil 400 pesos en una joyería a unas cuadras de la plaza donde ocurrió todo.

“Me hicieron perder el tiempo, cuando le hablo a mi hijo para cancelar las tarjetas, ya habían hecho compras”, agregó.

Leticia realizó su denuncia ante el Ministerio Público de Tlalpan-4 y se abrió la carpeta de investigación CI-FTL/TLP-4/UI-1C/D/01048/04-2019.

Obligaciones de la seguridad privada
El caso de los asaltos en una tienda de autoservicio puso sobre la mesa el tema de los guardias de seguridad privada ya que, incluso contra lo dispuesto por alguno de los gerentes, el personal a cargo de las cámaras de video decidió no bbrindar facilidades a la víctima para ubicar a los ladrones.
El Congreso de la Unión discute actualmente una Ley General, es decir, de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional, para la regulación de este tipo de guardias.
En ese proyecto se establece que “los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública en su función de prevención del delito. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia o desastre y siempre que lo solicite la autoridad competente de la Federación y entidades federativas".
Quienes rentan estos servicios, estarían igualmente obligados a vigilar que estas disposiciones se cumplan cabalmente.