La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo no estar de acuerdo con la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad, que acota los despojos por invasiones y morosos; incluso pidió que se discuta en el Congreso local.

El artículo 60 de esta ley señala que para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales.

“Yo personalmente no estoy de acuerdo con lo que plantea (la ley), creo que no se puede confundir el derecho a la vivienda con el derecho al dueño de un edificio a que le paguen la renta”, dijo al respecto Sheinbaum.

“Tienen que discutirlo los diputados”, agregó.

La Jefa de Gobierno indicó que lo que deben de hacer los diputados es legislar sobre la vivienda social, lo que le corresponde al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad y a los desarrolladores inmobiliarios.

“Tiene que cumplirse el derecho a la vivienda de las personas, pero desde mi perspectiva el que una persona no pague renta durante mucho tiempo y si gana un juicio, no poderlo sacar de la vivienda, yo creo que es un exceso”, indicó.

Cabe recordar que las reformas a la Ley Constitucional de Derechos Humanos se realizaron desde diciembre del año pasado; sin embargo, hasta ahora se convirtió en un nuevo motivo de diferencias entre Sheinbaum y los legisladores locales.

La mandataria insistió en estar en desacuerdo en que, ante el incumplimiento en el pago de la renta o frente a una invasión, el dueño del inmueble se encuentre impedido a realizar el desalojo legal de esa propiedad.

El rechazo de la mandataria a ese artículo 60 llega casi cuatro meses después de que su gobierno publicó en la Gaceta Oficial capitalina esa ley constitucional, sin que en su momento decidiera vetarla o regresarla al Congreso local para su corrección.

El 8 de febrero pasado, el gobierno de la Ciudad publicó en la Gaceta, para su promulgación, dicha ley.

El mencionado artículo 60 de esa ley establece que antes de realizarse los desalojos forzosos o lanzamientos, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; además, se les debe garantizar la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio.

Se obliga a las autoridades competentes a garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros, tomando como centro el lugar de origen.

Sheinbaum dijo desconocer de dónde salió la propuesta, pues dijo que su administración no envió al Congreso nada en ese sentido.

El que presentó la iniciativa a finales de 2018 fue el diputado de Morena Temístocles Villanueva.

Sheinbaum expuso que en la redacción de esa ley trabajaron tanto diputados locales como la propia Comisión de Derechos Humanos capitalina que encabeza Nashieli Ramírez, además de organizaciones civiles.

Cuestionada sobre si es necesaria una corrección, la mandataria expuso que ese tema deben discutirlo los diputados.

Reconoció que ha recibido llamadas de legisladores y de representantes de cámaras empresariales para hablar del tema y garantizar el derecho a la propiedad, pero sin violencia.

PRD PLANTEA DEROGACIÓN. El coordinador de los diputados locales del PRD, Jorge Gaviño, presentó ayer ante el Pleno del órgano legislativo una iniciativa de reforma en la cual plantea derogar el artículo 60 para evitar una crisis inmobiliaria y financiera en la Ciudad.

Gaviño Ambriz señaló que el artículo 60 de la Ley, entre otras cosas, representa una violación al derecho humano a la propiedad, crea una carga para el Estado al asumir la obligación de reubicar a la gente y entorpece el trabajo de los juzgadores al generar una responsabilidad por el probable daño material o inmaterial que se cause.

Acusó que por un descuido legislativo del grupo mayoritario del Congreso, ese artículo se ha convertido en la problemática más grave, desde el punto de vista inmobiliario.

“Todos sabemos el fardo que ha representado esta Ley de Derechos Humanos desde su precipitada aprobación el 28 de diciembre del año pasado. Día de los Santos Inocentes”, indicó.

Señaló que el 7 de marzo, a menos de un mes de su aprobación, el grupo mayoritario presentó la iniciativa de reforma que les enviaron desde el Gobierno de la Ciudad, misma que tuvieron que corregir en 31 artículos de los 134 que conforman la norma, aunque en ella no venían cambios al polémico artículo 60.

Ante esto, la diputada local del PAN, Margarita Saldaña, propuso reformar el artículo  bajo el argumento de que la autoridad local no tiene capacidad de reubicar a las personas desalojadas.

SE CORREGIRÁ HOY EL ERROR, PROMETEN MORENISTAS. El diputado de Morena, Temístocles Villanueva señaló que hoy corregirán el Artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos para evitar interpretaciones que puedan favorecer a los invasores de inmuebles en la Capital.

Los diputados de las comisiones de Normatividad y Derechos Humanos prevén corregir el artículo a través de una iniciativa que presentó la panista Margarita Saldaña, quien detectó que la redacción de la Ley podría usarse de manera discrecional.

“Nosotros lo vamos a modificar en comisiones temprano y ya después aquí en el Pleno se aprobará”, explicó en entrevista Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Asimismo, el congresista expuso que no fue su intención al aprobar esta Ley, que se publicó en febrero de este año, dejar impunes a quienes despojan a capitalinos de sus viviendas e inmuebles.

“El espíritu de la ley es garantizar el derecho a la vivienda, evitar despojos ilegales y evitar que la corrupción se convierta en posibilidad de evitar que alguien sea desalojado de su vivienda”, dijo.

Y agregó: “Eso no quiere decir que lo que la ley esté buscando es que una persona incumpla un contrato y que entonces se intente apropiar de la propiedad que renta, en ningún caso buscamos desconocer el derecho a la propiedad privada”.