Las instituciones deben revisarse constantemente para evaluar su funcionamiento, e introducir mejoras en su operación, con objeto de que funcionen cada vez con mayor eficacia y cumplan con los cometidos que tienen asignados. Hay que recordar que sólo lo que se evalúa puede mejorarse. Por ello, pretender destruir una institución como el INE, que ha demostrado que funciona bien, porque incomoda al titular del Poder Ejecutivo, es una pésima idea que milita en contra de cualquier principio de racionalidad.

El presidente de la República ha reiterado su enojo con las recientes resoluciones del INE en materia de fiscalización de las precampañas y de ajustes a la sobrerrepresentación excesiva, las cuales fueron ratificadas por el Tribunal Electoral (TEPJF), por la única razón de que afectan sus intereses y sus cálculos políticos, aunque impliquen el estricto cumplimiento de la ley. Su incomprensión respecto de la base legal de las resoluciones está en razón directa de su visión de que las instituciones deben de servir a los propósitos de su gobierno, por el solo hecho de que emanó de un importante respaldo popular. El presidente tiene la convicción de que solamente lo que está alineado a su posición está bien y es justo, aunque violente disposiciones legales y constitucionales. Para él, la justicia es la manipulación política de la legalidad.

El repudio abierto de AMLO hacia el INE lo llevó a proponer una reforma a fondo de nuestro modelo de organización de las elecciones que se estableció en el país hace 25 años y que ha probado ser eficaz para lograr comicios libres, justos y competitivos, de lo cual, él mismo se benefició en 2018. El presidente López Obrador ha planteado que las elecciones sean organizadas por el Poder Judicial, es decir, tiene en mente una transformación radical del modelo imperante.

El INE y su antecesor el IFE han organizado 4 elecciones presidenciales y en 3 de ellas ha habido alternancia. Además, de 2014 a la fecha, desde que se convirtió en autoridad nacional, ha organizado 200 procesos electorales en todos los niveles de gobierno y el índice de alternancia ha sido del 65%, es decir, el voto cuenta y se cuenta bien. Además, en estos años y en contextos de violencia e inseguridad, el INE ha logrado recrear en paz nuestra pluralidad política y ha generado certeza de que contamos con vías institucionales para que se expresen las más diversas y hasta contrastadas corrientes de opinión. Más aún, nuestro modelo de organización de las elecciones cuenta con un órgano jurisdiccional, el TEPJF, que vigila y controla la legalidad y constitucionalidad de las decisiones del INE. Además, de acuerdo con encuestas recientes como la de cultura cívica, (ENCUCI) del INEGI, levantada a finales de 2020, el INE es la institución civil que mayor confianza despierta en la población mexicana.

La propuesta de desmantelar el modelo de elecciones que ha demostrado su eficacia para trasladar la función electoral a un tribunal del Poder Judicial, parece inspirarse en el esquema, no de la mayoría de los países latinoamericanos en donde las elecciones están en manos de órganos con independencia del Ejecutivo, sino en aquellos como Brasil, Paraguay y Argentina, donde la autoridad electoral es parte del Poder Judicial (Zovatto, Daniel, Reforma político-electoral e innovación institucional en América Latina (1978-2016), Tirant lo Blanch y TEPJF, 2018).

La propuesta es a todas luces un despropósito, porque pretende destruir un modelo que ha probado su eficacia para construir uno que, en primer lugar trastocaría la función de control legal del TEPJF para asignarle una función logística y administrativa para la cual no está preparado y que significaría un largo proceso de aprendizaje. En segundo lugar, el cambio no traería ahorro alguno porque trasladar la estructura organizativa del INE al Poder Judicial, lo obligaría a construir una delegación en cada uno de los 300 distritos electorales del país, como hoy tiene el INE, entre otras muchas estructuras. Ni reducción en el gasto, ni fortalecimiento de capacidades, detrás de la propuesta de trasladar la organización de las elecciones al Poder Judicial está el rechazo del presidente López Obrador a todo lo que no esté subordinado al control del Ejecutivo, por ello embona bien con la pretensión de afianzar su alianza con el presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura.

Las elecciones del próximo 6 de junio serán, una vez más, la prueba de que la autonomía de la que goza el INE le ha permitido desarrollar robustas capacidades institucionales para organizar comicios que garanticen la transmisión pacífica del poder, mediante el respeto estricto a la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas. Bienvenida una reflexión amplia y diversa -después de las elecciones- para hacer modificaciones y hacer más sencilla y comprensible nuestra abigarrada legislación electoral y también para reducir su costo, pero cuidado con ocurrencias sin fundamento y sin deliberación seria y sólo como producto del repudio a todo aquello que mantenga un contrapeso a la centralización del poder presidencial.