El Tribunal Supremo español elevó ayer de nueve a quince años de prisión la condena contra los cinco integrantes de la denominada Manada al considerar que violaron a una joven, y no solamente hubo abusos sexuales, como habían apreciado dos sentencias anteriores.

En un caso muy simbólico y polémico que entraba en las fronteras de cómo se define legalmente una violación, el alto tribunal apreció este viernes que los cinco hombres cometieron un delito continuado de violación, durante los hechos que tuvieron lugar en julio de 2016 durante las fiestas de los Sanfermines de Pamplona, en el norte de España.

Los cinco magistrados del Supremo que revisaron la sentencia previa y la primera apelación admitieron en gran parte la petición de la Fiscalía, que solicitaba 18 años de prisión, al considerar que se había producido “intimidación” por la soledad de la víctima frente a cinco hombres en un lugar oscuro y solitario, que fue un portal de un edificio de departamentos en la ciudad.

El tribunal consideró por unanimidad que las dos anteriores sentencias usaron una incorrecta calificación jurídica, ya que el relato de los hechos describe que la joven, que tenía 18 años, no se defendió dado el “auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados”.

La acusación consideró probado que no sólo la violaron aprovechándose de su superioridad y fuerza sino que la dejaron abandonada en el portal, y encima, uno de ellos, Antonio Manuel Guerrero, le robó el teléfono celular, razón por la que recibió dos años adicionales de pena.

Poco después de anunciarse la decisión, la Policía detuvo a los cinco miembros del grupo, que se encontraban en Sevilla, en el sur del país, en libertad provisional a la espera de la sentencia definitiva, para que entren próximamente en prisión.

FEMINISMO. El caso de La Manada ha sido un argumento potente en la discusión feminista en este país, con el agravante de que uno de sus integrantes, precisamente Guerrero, es Guardia Civil, aunque ahora perderá su condición de agente.

El fallo inicial de un tribunal de Pamplona desató el año pasado una enorme indignación en España, lo que detonó grandes manifestaciones con cientos de miles de participantes en multitud de ciudades del país, que defendieron que se trató de una violación y no un abuso sexual.