En el mes de julio conoceremos los resultados de la medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). De manera anticipada, hay estimaciones independientes que muestran dos conclusiones devastadoras pues, por la pandemia, creció la pobreza pero también se incrementó su profundidad. Es decir, hay más personas en pobreza y quienes están en esa circunstancia son aún más pobres que antes.

La retórica gubernamental ha repetido una y otra vez que a partir del 2018 se ha incrementado sustantivamente el número de hogares que reciben recursos de alguno o varios programas gubernamentales. Sin embargo, hasta ahora, no se ha podido comprobar dicha afirmación, y esto es fundamentalmente porque el padrón de beneficiarios, mal llamado “Censo del Bienestar”, carece de toda seriedad metodológica y adolece de mecanismos para evitar traslapes y duplicidades de registros, sólo por mencionar dos de los defectos más graves.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda, 2020. En ellos, en el apartado relativo a los ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo, se estima que el 38.54% de los hogares en México recibe ingresos más allá de las actividades aborales de sus integrantes.

Lo anterior significa que, al haber 34.98 millones de hogares, habría 13.48 millones que reciben del tipo de ingresos señalados. El INEGI separa a su vez, en cuatro capítulos las distintas fuentes de tales ingresos: programas de gobierno con un 64.93% de los hogares con ingresos monetarios de fuente distinta a la del trabajo; jubilación o pensión, con 33.86% de estos hogares; de alguna persona que no vive en el hogar, pero vive dentro del país (15.85%), y de alguna persona que no vive en el hogar y que vive fuera del país (13.12%).

Con base en esta información, habría entonces 8.75 millones de hogares que están recibiendo recursos monetarios de algún programa gubernamental, de la llamada “nueva política social”. Una cifra que es infinitamente inferior a los datos que ha estado proporcionando el gobierno a través de sus diferentes canales de propaganda.

Más datos: en una reciente investigación coordinada por el Dr. Fernando Cortés, del PUED-UNAM, y en la que participan Héctor Nájera y Curtis Huffman, se muestra que la pobreza por ingresos podría haberse incrementado, debido a la pandemia, en al menos siete puntos porcentuales respecto del indicador del 2018; y lo peor es que la pobreza se incrementó aún más y con mayor intensidad, en los hogares donde hay niñas y niños, uno de los sectores más olvidados e invisibilizados de la presente administración.

Más datos: en los resultados del cuestionario ampliado del Censo, 2020, el INEGI estima que hay 8.8 millones de hogares donde alguna persona adulta tuvo muy poca variedad en su alimentación diaria; en 3.48 millones de hogares, algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar al menos una vez en los últimos tres meses debido a la falta de recursos. En 6.73 millones de hogares algún adulto comió menos de lo que debería comer. En 3.13 millones de hogares alguna persona adulta sintió hambre, pero no tuvo nada qué comer; mientras que en 2.51 millones de hogares algún adulto comió solo una vez al día o dejó de comer todo un día al menos una vez en los últimos tres meses previos al levantamiento del censo.

Lo que se puede concluir frente a toda la evidencia disponible, es que la política social del gobierno de la República no sólo es insuficiente; es poco pertinente para enfrentar la dramática situación que se está viviendo en el país, antes, pero, sobre todo, durante la pandemia que continúa su marcha, y que no terminará pronto, a pesar de la aceleración del proceso de vacunación.

Frente a todo lo anterior la conclusión es inevitable: si no cambia su política social, el llamado proyecto de la 4T fracasará en su estrategia para la erradicación de la pobreza.

Investigador del PUED-UNAM

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