Hoy para reclamar el incumplimiento de las promesas de campaña y de gobierno hay que demostrar con pruebas fehacientes que no se cobra nada en los hospitales del sector público a todas las personas, que se encuentren en el país, que no cuenten con seguridad social para el tratamiento de cualquier padecimiento en los tres niveles de atención. Esa fue la petición expresada por el Presidente en la mañanera.

El Director del INSABI, en varias entrevistas radiofónicas, pretendió demostrar que los testimonios de los pacientes que afirman haber cubierto una cuota de recuperación o comprado los medicamentos para su aplicación en un hospital son falsos, con base en el argumento de que en la Ley General de Salud se establece claramente que los servicios de esta naturaleza son gratis y que está prohibido cobrar por su prestación y que todo tipo de insumos médicos deben ser proporcionados por las instituciones.

También aclaró que esto es cierto con excepción de los institutos nacionales de alta especialidad que tienen derecho a recibir cuotas de recuperación en determinadas circunstancias conforme a lo dispuesto en la ley especial.

Los servicios son gratuitos a partir de diciembre de 2019 por mandato del legislador y convicción del gobierno, pero no lo son porque la reforma no fue integral y se conservó la figura de cuotas de recuperación en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Este dilema se resuelve con cierta facilidad con una reforma legislativa que elimine esta incongruencia normativa. Entonces, en una lógica simplista, la gratuidad deberá ser total por mandato de ley y nadie cobrará en los hospitales del gobierno.

Todo esto es correcto jurídica y políticamente, pero una acción legislativa por sí misma no amplía la oferta de servicios de salud, ni mejora su calidad. Hay muchos factores presupuestales y administrativos que condicionan su efectividad en la realidad de los usuarios.

Primero, hay un proceso de transición y/o adaptación que debe considerarse. Los especialistas del tema sabemos que la póliza del seguro popular ahora es intrascendente, pero esta idea tan sencilla debe comunicarse a todos los niveles de atención, y adecuar los protocolos y manuales de procedimientos correspondientes.

Una cuestión muy sencilla: ¿Cuál es el medio válido para demostrar la residencia en México? ¿Cómo se evitará que las personas que cuentan con seguridad social, que no tienen derecho a ser atendidos por el INSABI, sean recibidos en sus hospitales?

Segundo, hay que diseñar una estrategia para atender el esperable aumento de la demanda de los servicios de salud gratuitos, que incluya más plazas de personal médico y auxiliar, más infraestructura hospitalaria, mayor abasto de medicamentos y mejorar los procesos de referencia y contrarreferencias entre los niveles de atención y de adscripción de pacientes a clínicas y asignación de médicos a un grupo poblacional determinado para hacer efectivo el derecho al acceso a los servicios especializados como la cura del cáncer u otras enfermedades crónicas.

Tercero, hay que establecer los convenios de coordinación entre el INSABI y los servicios de salud estatales, así como mejorar los procedimientos de transferencias de recursos presupuestales entre las diversas instancias de gobierno. Además, hay que alinear las estrategias del INSABI e IMSS-Bienestar para evitar duplicidad de cobertura y desperdicio de recursos.

Cuarto, hay que fijar más fuentes de financiamiento que garanticen la progresiva ampliación de los servicios gratuitos a las personas residentes no aseguradas. El presupuesto para el 2020 es insuficiente a todas luces, aun considerando los 40 mil millones del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos.

La demanda de servicios por la gratuidad de los mismos aumentará en forma exponencial y la oferta no se incrementará al mismo ritmo. Esto augura saturación de los servicios y desabasto de medicinas, lo que son incentivos perversos para que quienes controlan el acceso a la atención aprovechen la circunstancia política o económicamente.

Entonces, los asesores en las mañaneras tendrán que inventar mejores argumentos para explicar los testimonios de falta de cumplimiento de la promesa de campaña, que es previsible que se multipliquen por lo sensible que es el tema de la salud para cualquier persona y sus efectos negativos en la economía de las familias.

El Director de INSABI deberá recurrir a un argumento distinto a aquel que la gratuidad existe sólo porque la ley lo dispone. Esta es una simple obligación jurídica que requiere de elementos económicos y administrativos, así como de políticas públicas para ser una realidad. Todos queremos el acceso universal efectivo a la salud para toda la población que la demande, es un derecho constitucional, pero no basta quererlo. El “sí, pero no” tiene un altísimo costo político. Al tiempo.

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