El gobierno federal cerrará el primer semestre por debajo de la expectativa de que al menos 70 por ciento de los contratos se otorgara por la vía de licitación pública. A punto de terminar junio, 84 por ciento de los contratos bajo la administración amlista se ha realizado eludiendo la convocatoria pública y abierta a proveedores y se ha optado por adjudicar los contratos a una empresa elegida por la dependencia implicada o a uno de tres proveedores que son invitados en exclusiva para conocer el requerimiento gubernamental.

Esto ha quedado poco visible, debido a que del total de recursos financieros asociados a los 73 mil 426 contratos registrados hasta ahora, el 60 por ciento pasó por licitación. Aun así, aunque el gobierno federal argumente que en montos financieros las licitaciones tienen más peso, la meta de 70 por ciento tampoco se cumple.

En cualquier caso, resulta más llamativo que en contratos de mediano calado (aquellos por debajo de los 100 millones de pesos), el gobierno federal ha entregado la nada despreciable cantidad de 61 mil 672 millones de pesos sin licitar (de un total de 153 mil 491 millones).

Estos datos, obtenidos por Crónica de un análisis de los registros de Compranet para este año, dejan ver que los grandes contratos por monto suelen ser licitados o bien se trata del sector médico cuando se adjudican directamente, lo que puede responder a que una farmacéutica tenga la patente de los medicamentos requeridos.

Es en el detalle, en los contratos que están ligeramente debajo de los 100 millones de pesos y sobre todo en los que rondan los 50 millones, en donde empiezan a abundar contratos entregados sin licitar. En estos últimos destacan servicios no licitados que resultarían difíciles de justificar desde el punto de vista legal.

En primera instancia, por ejemplo, parecería que con una licitación, la Semar hubiera provocado una competencia que traería consigo un mejor precio; que la asesoría jurídica a Fonatur sobre el Tren Maya bien podría haberse licitado en busca de las mejores ofertas técnicas de diferentes firmas de despachos jurídicos o que Conducef hubiera obtenido mejores precios si hubiese hecho competir a las empresas de seguros médicos en lugar de elegir directamente a una.

Y continuando con los contratos cercanos a esta misma cantidad, destacan los siguiente casos que se asignaron sin licitar:

El servicio de Asesoría Legal para la Estructuración Jurídica del Tren Maya fue adjudicada por Fonatur a Woodhouse Lorente Ludlow Sc (43 mdp); Bansefi tampoco licitó las redes informáticas que usará (47 mdp); Servicio de Protección Federal entregó el contrato de boletaje y hospedaje para sus funcionarios en comisión a Artmex Viajes; Semar entregó su telefonía convencional a Telmex y los servicios médicos de Condusef (que sí se mantuvieron este año) fueron entregados a Axa sin que esta empresa tuviera que competir con otras para adjudicarse el contrato.

Al momento de contratar “estudios” o “análisis”, es decir, trabajos en los que lo que recibirá el gobierno federal es un documento y recomendaciones, hay 220 contratos que van de los 30 millones del presupuesto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por el “Estudio de los informes de auditoría en materia de prevención de operaciones”.

Asimismo, una gran mayoría que ronda los 5 millones de pesos usados por la SCT (impacto ambiental), Conagua, Lotería Nacional, el Intituto Mexicano del petróleo para estudios topográficos en Dos Bocas (2.7 millones de pesos) hasta los cerca de 200 mil pesos que el IPN le ha pagado a una persona física, Román Antonio García Navarro, para “concertar entrevistas para los distintos espacios informativos de once noticias y gestionar las peticiones encaminadas a la grabación de programas informativos”, algo que sonaría propio del personal de planta del canal politécnico.

De los 73 mil 426 procesos de contratación realizadas por las dependencias hasta ahora, sólo algo más de 11 mil (16%) fueron sujetos a licitación pública, lo que las leyes de Adquisiciones y la de Obras Públicas señalan que debería ser la norma.