Ellas y ellos viven debajo de un puente o simplemente en cualquier esquina, sobre todo aquellas que cuentan con algún resquicio, hueco o hasta en las afueras de las estaciones del  Metro. Se les puede ver en las calles donde lo mismo  piden limosna,  limpian parabrisas, recolectan  plástico, cartón u ofrecen ayuda ocasional a algún negocio.

Son la llamada población callejera, indigentes para efectos de cifras o estudios sobre pobreza  o simplemente los invisibles para el mundo que los rodea, incluidas las autoridades, quienes ni siquiera cuentan con cifras oficiales y menos una ley que los proteja o les garantice el derecho a la identidad:  la iniciativa que incluso ya fue dictaminada en la Cámara de Diputado está “congelada” y no ha pasado al Pleno, pues no hay recursos o presupuesto para ponerla en marcha.

No hay un padrón ni cifras oficiales sobre esta población invisible,  pero  de acuerdo con la diputada Lorena Villavicencio,  integrante  de la Comisión de Justicia en San Lázaro, existen alrededor de 14 millones de indigentes en México, según cifras de la CEPAL, que toma la línea de extrema pobreza  en esa clasificación.

“Es un fenómeno global donde la discriminación actúa con toda su fuerza. Sufren la intemperie, la calle, la violencia institucional en detenciones arbitrarias y maltratos de policías y ciudadanos, además no tienen acceso a ningún tipo de política pública”, advierte la legisladora de Morena.

Si alguien no tiene derechos en este país —agrega— son los grupos humanos sin techo, simplemente por no contar con un domicilio ni documentos de identidad, quedan al margen de toda política pública dirigida a las poblaciones más vulnerables.

Y es que al no tener identidad, ellos muchas veces no tienen acceso a servicios médicos, o incluso a poder laborar por no contar con documentos, lo que les obliga a subemplearse por sueldos incluso por abajo del mínimo, aun cuando cuente con preparación académica.

La legisladora recordó que desde el año pasado se presentó una iniciativa para garantizarles el derecho a la identidad y que el domicilio no fuera un obstáculo para que este sector de la población acceda a sus derechos humanos. La propuesta —recuerda— ya fue dictaminada por la Comisión de Gobernación y Población, pero no ha pasado al Pleno porque no tiene suficiencia presupuestaria.

Tan sólo en la Ciudad de México se tienen detectados más de 7 mil personas en situación de calle. En 2017, el Instituto de Asistencia e Integración Social detectó que casi 7 mil personas son miembros de poblaciones callejeras, definidas como aquellas que viven en calle, integradas por un conjunto heterogéneo de individuos, al cual pertenecen niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y también familias, quienes han encontrado en las calles una alternativa de sobrevivencia.

Una investigación de la UNAM en el marco del Programa Universitario de los Derechos Humanos de la UNAM–PUDH realizó una encuesta entre 100 integrantes de la población callejera  en  las alcaldías de la Ciudad de México con mayor presencia: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Las dos primeras tienen puntos con alta concentración de esta población.

El estudio arrojó que la estigmatización, discriminación, la negación de servicios públicos y derechos, la carencia de redes sociales positivas y la ausencia de documentos oficiales, entre otras, son los mayores problemas a los que se enfrentan las poblaciones callejeras.

La mayoría de los encuestados fue del sexo masculino y la edad de la primera incursión en calle fue entre los 6 y los 15 años.

FORMACIóN ESCOLAR. Un dato que llamó la atención de las investigadoras es que no toda la población vive todo el tiempo en calle; algunas personas juntan dinero y rentan un cuarto de hotel o una vivienda y otras habían vivido en albergues. Además, detectaron que no es un fenómeno pasajero, es decir, la mayoría de los entrevistados llevaba más de cinco años viviendo en la calle, otros, toda su vida.

Uno más de los datos que arrojó la encuesta, es que la mayoría tienen una formación escolar, es decir, sólo 1 de cada 10 no sabía leer ni escribir. Además, 7 de cada 10 encuestados afirmaron realizar algún tipo de actividad económica, teniendo incluso más de un trabajo.

Algunos obstáculos identificados para el ejercicio de la identidad legal son: procedimentales o administrativos (los tiempos de espera, la falta de información, etcétera), documentales (la falta de documentos para realizar trámites), económicos (el alto costo de los trámites) y socioculturales (discriminación o agresión por parte de servidores públicos).

En nuestro país, el artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, además de que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento.

En cuanto a las poblaciones callejeras, éstas muchas veces carecen no sólo de los medios económicos, sino también de la información necesaria, así como de los documentos que les permiten obtener o recuperar su identidad legal, establece esta investigación de la UNAM dirigida por la maestra Mónica Martínez Jiménez.

“Es importante la concepción que tenemos de estas poblaciones, pues cuando nos imaginamos o referimos a las personas que viven en calle, comúnmente los asociamos con imaginarios de niños de la calle, vagos, vagabundos, limosneros, entre otras denominaciones con una carga negativa intrínseca”, advierte.

La Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Eréndira Cruzvillegas Fuentes, señaló que las personas en condición de calle no sólo carecen de acceso a los programas sociales, sino que sufren violencia sexual y trata de personas.

Subrayó que el derecho más violentado es el de la salud, porque simplemente por su aspecto no reciben atención médica, lo que vulnera lo mandatado en el artículo primero de la Constitución.

Ante este panorama, exhortó a que se respete el derecho a la identidad, “porque de lo contrario no se existe, lo cual no les permite acceder a los programas sociales”. Por ello, sugirió que no se exija el comprobante de domicilio para conseguir un documento oficial.

La directora general del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia de la Secretaría de Bienestar, Guadalupe Landeros García,  indicó que los mexicanos que hacen de la calle su vivienda están en condiciones paupérrimas y con alta vulnerabilidad. Lamentó que a tantos años de haber firmado varios tratados relativos a los derechos de las personas, “todavía tengamos familias enteras en la calle”.

Juan de Dios Orea Orea, subdirector de Investigación de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, dijo que la ausencia de cifras oficiales en el ámbito nacional sobre el número de individuos en esta situación significa un reto importante para que desde las instituciones se generen diagnósticos adecuados. Otro reto, añadió, consiste en la importancia de garantizarles el derecho a un registro legal.