Si el termino soberanía, grosso modo, se refiere al poder, la soberanía energética conlleva a la certeza de dónde reside ese poder en el ámbito de las energías.

Como definición, la soberanía energética radica en el derecho de las personas, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de tal manera que sean adecuadas a sus ámbitos ecológicos, sociales, económicos y culturales, pero sin la afectación posible de terceros.

En ese tenor, a casi tres años de ganar la elección presidencial del 1° de julio de 2018, y a 28 meses de encabezar la 4T, las decisiones en materia energética del gobierno mexicano, encabezado por el licenciado López Obrador, han generado puntos de controversia que rememoran los trayectos recorridos desde la expropiación petrolera hasta la crisis que en esta materia padecemos en nuestros días.

Bajo esa perspectiva, habría que revalorar precisamente esa expropiación y la creación de PEMEX, ambas en 1938 (pero también de los años posteriores, como el periodo del Desarrollo Estabilizador, del cual hablaremos en otra ocasión), y de las cuales el país obtuvo dos grandes enseñanzas: 1. contar con recursos humanos especializados y 2. desarrollar capacidades estratégicas en materia energética, para reorganizar, concentrar y coordinar la industria nacionalizada.

Así, se construyeron refinerías, centros de almacenamiento y distribución; en las Instituciones Públicas de Educación Superior se fomentó la creación carreras afines, y se invirtió, junto con los trabajadores sindicalizados, un sistema de producción y operación con grandes beneficios para la empresa y sus empleados.

En el plano internacional, aunado a ese proceso, la decisión de no formar parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), trajo ventajas en el momento en que se produjo la ruptura con los grandes países consumidores para fijar mejores condiciones entre las partes. PEMEX tuvo un crecimiento en la demanda de su producción de hidrocarburos, generando enormes ingresos, sin embargo, el inadecuado manejo junto con la carga impositiva para apuntalar la economía nacional, nos hundió, paulatinamente, en una terrible dependencia.

Durante las últimas tres décadas, PEMEX sufrió un deterioro exponencial de la infraestructura construida desde la expropiación petrolera hasta los años 80, simultaneo a la pérdida de soberanía energética, que procuraba el aseguramiento del abastecimiento de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas natural, para el consumo nacional.

Hoy, hablar de la soberanía energética de la nación es referirse al gran reto pendiente que tiene esa empresa petrolera estatal, y señalar que es uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía, ya que, derivado de la importancia nacional, alrededor de PEMEX se han creado fuerzas políticas, movimientos sociales y clases dispuestas a movilizarse por la defensa de este recurso no renovable.

Más aún. Tras 75 años en los que se había mantenido el monopolio estatal sobre las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos, la reforma aprobada en diciembre de 2013 abrió paso a la participación privada en una industria tradicional y celosamente nacionalista, representando un brusco cambio de paradigma y una ruptura en la historia del sector petrolero mexicano. A razón de esto, es oportuno mencionar que, en el actual gobierno, el congelamiento de la reforma y el anuncio de la revisión de los contratos otorgados, son mensajes que cuentan con el respaldo de la población mexicana.

Aunado a ello, con el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos (presentado el 15 de diciembre de 2018), el Ejecutivo Federal propuso consolidar la soberanía energética mediante el rescate estructural y financiero de PEMEX, con el objetivo de reorganizar este sector estratégico y transformarlo en un motor fundamental de desarrollo del país.

De esta manera, se busca reactivar la refinación de hidrocarburos y, a mediano plazo, establecer un mercado nacional sustentable que evite la importación de aceites y gasolinas, como disposición estratégica para ahorrar costos al erario público, es decir, lograr no sólo el abastecimiento seguro de hidrocarburos, sino también la posibilidad de recibir de manera regular los ingresos que se obtienen por la vía de las exportaciones petroleras.

Este aprovechamiento del petróleo, sin duda, es un momento decisivo en la historia de México, e implica, como lo dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “un desafío, que tenemos que hacer entre todas y entre todos, porque de un millón 750 mil barriles diarios, tenemos que pasar a una producción de más de dos millones 400 mil barriles diarios a finales del sexenio”. Un nuevo rescate de Petróleos Mexicanos para la Nación.

Frente a esta realidad, además se requiere del enfoque y análisis de diversos factores, y la consolidación de estrategias encaminadas a disminuir el consumo de combustibles fósiles; la orientación hacía una matriz energética menos contaminante; la producción nacional, tanto exploración y extracción como refinería y petroquímica, y el transporte y almacenamiento, todo ello en el marco de una política energética multisectorial y alineada a los objetivos de largo plazo, así como la diversificación en la matriz energética, la convergencia de intereses de todos los sectores involucrados, y el incremento de la inversión en la investigación para el desarrollo científico-tecnológico.

El rescate del sector energético debe ser pertinente, oportuno y de todos; no depende exclusivamente de la voluntad política del actual gobierno, sino también del apoyo y la acción urgentes de la sociedad mexicana, ya que podrían pasar muchos años para que el sector energético mexicano pueda recuperarse de manera total, y, muy probablemente, para ese momento, el petróleo habrá perdido valor y el mundo estará utilizando otras fuentes de energía.

Así es como la verdadera soberanía se sostiene en una ciudadanía activa y corresponsable, que ejerce plenamente sus derechos y obligaciones; que realiza sus actividades cotidianas en un ejercicio de democracia participativa en la toma de decisiones, y optimiza sus recursos no sólo para preservarlos y protegerlos, sino como un proceso saludable tendiente a satisfacer las necesidades culturales, económicas y sociales del país.