El intermediarismo y las prácticas monopólicas encarecieron 30 por ciento el precio de medicamentos durante el sexenio anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Mientras en 2013 las instituciones del sector público desembolsaban poco más de 37 mil millones de pesos por las medicinas, en 2018 el valor de la compra se incrementó a casi 52 mil millones de pesos.

La distribución se concentraba en cuatro empresas: Dimesa-PISA, Fármacos Especializados, Comercializadora de Productos Institucionales y Maypo, las cuales acapararon entre el 50 y el 60 por ciento del mercado, mediante la imposición de contratos de exclusividad a laboratorios y farmacéuticas.

El total, el botín en ese periodo fue de 257 mil 188 millones de pesos.

Ante la voracidad de las cuatro firmas ya referidas, otras seis perdieron 20 por ciento de la demanda, al pasar del 27 al 7 por ciento de la distribución.

Los más de mil 400 fabricantes de medicamentos en el país -entre grandes consorcios internacionales y nacionales, y laboratorios medianos y pequeños- eran obligados a vender sus productos a través de distribuidoras, las cuales fungían como intermediarias o “coyotes” por sus conexiones con funcionarios de gobierno u otros políticos.

“Existía un conjunto muy reducido de distribuidoras que controlaban todo, porque tenían cartas de exclusividad con un amplio conjunto de proveedores”, reveló Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Esta treta, la de las cartas de exclusividad, está prohibida en la Ley Federal de Competencia Económica. En el artículo 54 señala: “Se consideran prácticas monopólicas, en cualquier contrato o convenio, las que tengan por objeto… establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios Agentes Económicos”.

Y en el 56, fracción I, también encuadra como acto monopólico “la fijación, imposición o establecimiento de la comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios”.

“Se compraba de manera condicionada por esta carta, la industria farmacéutica tenía que firmar exclusividad con estos distribuidores y se concentraba la compra en cuatro intermediarios”, detalló López-Gatell.

“Éstos, subcontrataban a su vez a otras empresas de distribución, algunas conocidas, otras internacionales, algunas más nacionales que hacen logística de distribución, de paquetería”.

Con la intención de evitar la fuga de recursos y el beneficio de unos cuantos, el actual gobierno federal ha apostado por la compra directa a fabricantes, laboratorios titulares y dueños de registros sanitarios.

Y ha recurrido además a licitaciones abiertas o adjudicaciones abiertas a proveedores internacionales, los cuales ofertan medicinas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. También se unificaron los catálogos de insumos y medicamentos, para tratar de manera estandarizada los padecimientos iguales, pues antes cada institución tenía sus propios compendios o métodos.

“Como hacemos la compra consolidada, tutelada por la Oficialía Mayor de Hacienda, podemos tener una apreciación de las necesidades de todo el país o por lo menos de los 26 estados que se han adherido a esta compra, así como de todas las instituciones nacionales de salud”, dijo el subsecretario.

Sólo los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco se negaron a la adhesión de la compra consolidada.

El dato

De 2018 a 2019 los institutos tuvieron un aumento en su presupuesto de entre el 5 y el 7 por ciento.

Repartición de culpas

Según la administración lopezobradorista, la falta de medicinas, materiales de curación y otros insumos médicos en hospitales e institutos de alta especialidad es culpa de los intermediarios con los cuales se firmaron contratos de provisión, y no del gobierno.