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Tipifican como delincuencia organizada uso de facturas falsas

El Senado incluye en ese rango a quienes empleen empresas fantasma. El PRI acusó a Morena y al gobierno de atentar contra la presunción de inocencia. Se requerirá querella de Hacienda para proceder penalmente, señala el dictamen

Tipifican como delincuencia organizada uso de facturas falsas | La Crónica de Hoy

El Senado de la República aprobó diversas reformas para tipificar como amenaza a la seguridad nacional actos en contra del fisco y delincuencia organizada a la defraudación fiscal a través de la compra-venta de facturas falsas o el uso de empresas fantasma donde participen al menos tres contribuyentes y el monto de lo defraudado ascienda a más de 7.8 millones de pesos.

Con ello aligeró el dictamen original que contemplaba prisión oficiosa y una pena de cinco hasta ocho años de prisión a quien expida, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Sin embargo, a través de una reserva del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, se modificó ese artículo 113 Bis, para reducir de dos a nueve años de prisión a quien incurra en esos supuestos, con lo cual podrán llevar su proceso en libertad mientras se determina si es o no responsable.

Asimismo, se impondrá sanción de tres a seis años de prisión, al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados y se podrá aplicar prisión preventiva oficiosa.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados y  con ella también se busca combatir la impunidad, pues se pretende que sea retroactiva para que los casos que ya son investigados, continúen su proceso hasta ser juzgados y sentenciados.

De igual manera, se establece una sanción al “dolo”, lo que ameritará de dos a nueve años de prisión a quien “a sabiendas” permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos ­simulados.

Este dictamen generó un fuerte debate de más de seis horas donde la oposición externó su preocupación por estas reformas  y cuestionó  su validez constitucional, así como la intención de imponer un “terrorismo fiscal” contra los empresarios y mexicanos en general.

Incluso reprocharon que con estas reformas se equipara a los empresarios con narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán.

“Así no presidente Andrés Manuel López Obrador (…) a los verdaderos delincuentes les dicen fuchi y a los empresarios les dicen cárcel, así no señor Presidente”, criticó el senador del PAN Gustavo Madero.

FUCHI…GUÁCALA. El PRI, a través de la senadora Claudia Anaya, acusó a este gobierno y a Morena de atentar contra la presunción de inocencia y de aplicar políticas recaudatorias terroristas.

“Hay que tener mucho cuidado, yo les voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje, esta reforma está fuchi, esta reforma está guácala. Señor, señores empresarios tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios”.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, destacó que ni el uso de facturas falsas, el contrabando y la defraudación fiscal ameritan ser considerados como delitos de delincuencia organizada ni mucho menos atentatorios para la soberanía nacional.

“Yo les pregunto ¿Deveras esto es delincuencia organizada? (…) Para qué mandamos este mensaje a los contribuyentes (…) Pero, todavía más delicado me parece lo de la seguridad nacional, son conductas en donde hoy se tiene el espionaje, el terrorismo, el genocidio, la traición a la Patria, ¿deveras también la defraudación fiscal?”, cuestionó.

El senador Germán Martínez enfrentó los cuestionamientos de la oposición y les pidió no asumirse como defensores de los empresarios ante la orfandad de representatividad, luego del resultado de las elecciones.

“No les queda el papel de defensores de los empresarios, tienen una ausencia de representatividad, por eso buscan a quién representar”, punzó.

“¡Andan como la Minerva, desnudos de representatividad y andan buscando a quién le tiran!”, agregó.

En el dictamen se establece que se requerirá de querella por parte de la Secretaría de Hacienda para proceder penalmente por el uso de facturas falsas.

La secretaria de la Comisión de Hacienda, la panista Minerva Hernández, dijo que esta reforma sólo tiene un ánimo recaudatorio.

“Lo que hay detrás de esta reforma es un claro ánimo recaudatorio, porque las cifras no les están cuadrando, porque necesitan dinero de manera urgente, porque ante el faltante del ingreso observado, no les bastó con pegarle un mordisco de más de 40 por ciento al fondo de estabilización de ingresos petroleros”, acusó.

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