Quiero aprovechar este espacio para enviar un sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas de Tlahuelilpan, Hidalgo. Mis condolencias y solidaridad en estos difíciles momentos.

Como se recordará, la tarde del viernes 18 de enero alrededor de 800 personas aprovecharon la perforación de un ducto de Pemex para sustraer gasolina. El resultado, 94 personas fallecidas y medio centenar de heridos, muchos, desafortunadamente, de gravedad.

No tiene sentido señalar a las víctimas por este acto de vandalismo que solo denota pobreza de principios, además del rompimiento del pacto social que nos garantiza igualdad ante la ley, pero también la obligación de respetarla.

Lo cierto es que el robo de combustible representa pérdidas por 60 mil millones de pesos anuales, y que en los últimos meses se han detectado 70 tomas clandestinas en los alrededores de Tlahuelilpan. Incluso, el pasado 18 de diciembre en este mismo municipio hidalguense se registró el incendio de otra toma clandestina.

Cinco días antes, el 13 de enero, tres soldados que participaban en un operativo contra el robo de combustible fueron retenidos y golpeados por vecinos de Santa Ana Ahuehuepan, otra comunidad hidalguense a 20 kilómetros de donde ocurrió la explosión del viernes.

Sin embargo, existen aquellos que critican la acción de la policía y el Ejército presentes en  Tlahuelilpan, al grado de postular que las fuerzas militares debieron “disparar al aire” para disuadir a casi un millar de personas dispuestas a arriesgar la vida para llevarse el combustible.

Ubicado a 70 kilómetros de Pachuca, Tlahuelilpan tiene una población de 19 mil 400 habitantes, según el registro del INEGI de 2015. La mitad de la población está en condición de pobreza, y 7.1 por ciento en pobreza extrema, de acuerdo con el CONEVAL.

Es decir, el Ejército se habría enfrentado a mexicanos que prefieren vender combustibles robados que trabajar en el campo, cansados de la falta de oportunidades y de la posibilidad de construir un mejor futuro para sí y sus familias. Tejidos sociales rotos.

Pero la violencia no se combate con más violencia. El camino que se está siguiendo es atender las raíces de las desigualdades sociales y de la marginación, porque el verdadero responsable de este tipo de tragedias no es la pobreza, es el modelo económico depredador que nos heredaron las pasadas administraciones y que provocó que sea un mejor modo de vida actuar fuera de la ley.

Una verdadera transformación nacional exige el compromiso de toda la sociedad al respeto de todas las leyes, incluso aquellas que consideramos “inútiles”, como no podernos estacionar en doble fila “nomás un minuto”.

Ese es el cambio que este país necesita, porque sin él, ninguna administración ni plan de Gobierno serán suficientes para erradicar males nacionales como la corrupción y la precariedad del Estado de Derecho.

Ese es el reto que asumimos en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y en el que todos los días pongo mi mayor empeño para lograrlo, porque #TrabajoPorTi.

*Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México

Twitter y Facebook: @CamachoCirce