Quién lo hubiera dicho: hoy en día la principal amenaza para la democracia mexicana se encuentra en el autoritarismo y los caprichos del presidente de la República. Frente a esos amagos, las instituciones del Estado y muchos de sus integrantes resisten. La sociedad, salvo que mantenga una apuesta suicida, tiene que respaldar a los jueces, a los magistrados y consejeros electorales, a los comisionados de variados organismos autónomos y, junto con ellos, a una gran cantidad de servidores públicos que cumplen con su trabajo sin ser cómplices de los excesos que despliega la cúpula del gobierno federal.

Por fortuna tenemos instituciones afianzadas en la ley, pero sobre todo en la dignidad y el profesionalismo de muchos de sus integrantes. Esa circunstancia, además del rechazo a las presiones desmedidas que sufrieron, explica las decisiones que tomó la mayor parte de los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Cinco, y en ocasiones seis de los siete integrantes de ese organismo, respaldaron las decisiones del INE para retirar candidaturas de quienes no cumplieron la obligación de presentar informes de sus precampañas.

La resolución más importante, que reafirma la aplicación del criterio que establece la Constitución en materia de sobrerrepresentación, fue aprobada por unanimidad. Incluso el tortuoso José Luis Vargas, actual presidente del Tribunal y protagonista de denuncias aún sin esclarecer acerca de sus intereses y finanzas personales, apoyó esa votación. Los demás integrantes de la sala superior del Tribunal le dieron la espalda, muy posiblemente como respuesta a las inmoderadas conminaciones para que votaran a favor de las posiciones del gobierno aunque con ello incumplieran la ley.

El presidente de la República y su partido querían que el Tribunal Electoral rechazara la decisión del INE para que el impresentable Félix Salgado se quedara sin la candidatura para el gobierno de Guerrero. De manera inopinada, el presidente del Tribunal pospuso la sesión del jueves 22 de abril en donde deberían resolver esos y otros temas. Los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzáles, Felipe de la Mata Pizaña, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón reclamaron ese aplazamiento en una severa carta pública. Cuando finalmente se realizó la sesión, el martes 27, esos magistrados votaron con decoro, respaldados en la ley, la ratificación de las mencionadas decisiones.

La reacción del licenciado López Obrador a esas votaciones fue absolutamente impropia del cargo que ocupa. El miércoles por la mañana despotricó en contra de los magistrados del Tribunal y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Aseguró que dieron “un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana”. Esas son palabras mayores y, ya que no tienen sustento alguno, profundamente irresponsables.

Los adjetivos que prodiga el presidente López Obrador no están respaldados en las leyes sino en sus intereses políticos. En Morena, hubo dirigentes y candidatos que se equivocaron al no presentar informes financieros y la ley no deja a la autoridad electoral más opción que la cancelación de esas candidaturas. Ese partido, además, se benefició hace tres años de una inadecuada distribución de las curules en la Cámara de Diputados. En marzo el INE resolvió que la asignación de sitios en esa Cámara ahora se ajustará a la disposición Constitucional, ni más ni menos. Al atacar tales decisiones, y ahora a los magistrados que confirmaron que son legales, López Obrador no se comporta como titular del Ejecutivo Federal sino como jefe de una pandilla que defiende atropellos de los suyos.

Morena, con el aval del presidente de la República, designó como candidata para Guerrero a la hija de Félix Salgado. Sin experiencia ni méritos políticos, esa señora tiene la posibilidad de gobernar uno de los estados más pobres de México sólo porque es hija del aspirante fallido. Todas las exclamaciones de López Obrador y sus correligionarios en contra del nepotismo, quedan contrastadas por esa oprobiosa decisión de su partido. Las mujeres de Morena tendrían que estar avergonzadas por esa utilización de Evelyn Salgado.

La intolerancia y el nerviosismo siempre son una mezcla riesgosa. Cuando hacen chispas en el poder político, los riesgos de que desemboquen en abusos o errores mayúsculos son graves. Así sucede hoy con el presidente y sus allegados. López Obrador le impuso al Congreso la contrarreforma que extiende la gestión del presidente de la Suprema Corte. Ahora amaga a los otros diez ministros de ese máximo tribunal y les advierte que si no respaldan esa ampliación de dos años serán cómplices de corrupción.

Para defender la permanencia de Arturo Zaldívar al frente de la Corte dos años más de su mandato constitucional, el presidente acude a un argumento insostenible pero sobre todo ofensivo con el resto de los ministros: “se consideró de que estas reformas se llevarán a cabo, siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura fuese una gente honorable, íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la ruina al país”. En la Corte hay 11 ministros. Para el presidente de la República, de todos ellos únicamente Zaldívar tiene la honorabilidad y la integridad que a él le parecen necesarias. Mientras más explicaciones ofrece, López Obrador agravia peor a quienes considera que no se le subordinan.

Algo similar le sucedió al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, en una conversación con Carmen Aristegui. Cuando la periodista le preguntó qué hará el gobierno para cumplir con las disposiciones legales que impiden que el presidente y el resto de los funcionarios públicos hagan propaganda política durante la temporada electoral, ese abogado respondió con significativa espontaneidad: “Hay que taparle la boca también a los reporteros y decirles qué no preguntar para no poner en riesgo al presidente”. Más tarde Scherer Ibarra se disculpó, pero su reacción fue indicativa de la actitud que prevalece en Palacio Nacional acerca de las instituciones y organizaciones que hacen contrapeso delante del gobierno.

López Obrador no tolera el trabajo que hacen varias de esas instituciones —Comisión de Competencia, INE, INAI, entre otras— y las quiere desaparecer. No entiende ni admite que si son constitucionalmente autónomas, es porque resulta pertinente que sus decisiones estén protegidas de las presiones que pudieran suscitarse en otros poderes e instituciones del Estado. Al primero de esos organismos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, logró adulterarla imponiéndole como presidenta a una incondicional suya, sin mérito alguno para ese cargo, en una elección sospechosa a cargo del Senado. Ahora López Obrador quiere “ajustar” el funcionamiento de varios organismos autónomos.

Si el Congreso modifica las leyes reglamentarias que ciñen el desempeño de esas entidades podría ocasionar fuertes desajustes administrativos. Pero su existencia está garantizada por la Constitución y para modificarla, Morena requiere de una mayoría calificada que no tiene en el Senado y que puede perder en la Cámara de Diputados si, en las elecciones del 6 de junio, los ciudadanos reaccionan ante los atropellos a la ley y el caciquismo que promueven el presidente y su partido.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha ejercido su autonomía, en provecho de la sociedad, al resolver que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la entrega de datos biométricos a la que obligan las nuevas reglas del Padrón de Usuarios de telefonía celular. Esa decisión de los comisionados del INAI fue unánime. Por motivos inexplicados, Morena y el gobierno federal quieren obligarnos a entregar datos como huellas dactilares e imagen del iris para contratar o conservar una línea celular. Esa medida no sirve para combatir a la delincuencia pero por mera tontería, o porque promueven un mecanismo de control social que hasta ahora no han reconocido, el presidente y su partido la han defendido con notoria obstinación. Varios jueces han otorgado suspensiones a usuarios que acudieron en busca de un amparo que les permita no proporcionar sus datos biométricos. La ira del presidente, pero además el acoso del gobierno, se desataron contra el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro a quien investiga la Unidad de Inteligencia Financiera.

Esa utilización de la justicia con propósitos facciosos resulta especialmente abusiva en el desafuero del gobernador de Tamaulipas, que la Cámara de Diputados aprobó de manera ilegal. Las acusaciones de defraudación fiscal que la Fiscalía General presentó contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pueden tener relevancia o no (su defensa presentó aclaraciones que parecen sólidas) pero la decisión de retirarle el fuero le corresponde al congreso de ese estado.

El artículo 111 de la Constitución establece que para proceder penalmente contra funcionarios de los estados la decisión final no es de la Cámara de Diputados sino del congreso de cada entidad. La escasa relevancia, en comparación con otros casos, del presunto delito que se le atribuye a ese gobernador, la prisa para aprobar el desafuero y la manera como lo propagan en los medios, permiten sostener que, antes que nada, el gobierno y su partido emprenden contra Cabeza de Vaca una persecución con propósitos políticos.

El presidente y los dirigentes de Morena saben que las votaciones del 6 de junio pueden resultarles desfavorables, en comparación con los alegres pronósticos que tenían hace meses. De allí su exasperación. La fase postelectoral no será sencilla. El país necesita que jueces y ministros, así como funcionarios en instituciones autónomas, hagan su trabajo y rechacen cualquier presión para torcer la ley. Para ello, es indispensable que tengan el respaldo de los ciudadanos.