Opinión

Transformar el poder judicial

Transformar el poder judicial

Transformar el poder judicial

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

En general, la impartición de justicia en nuestro país se percibe socialmente como un ámbito obscuro y en el que la dádiva es esencial en su funcionamiento. La elección de un nuevo gobierno ha tocado sensiblemente viejas prácticas patrimonialistas de la clase política heredadas del pasado.

El sistema judicial mexicano es complejo, porque se subdivide en 32 subsistemas locales y uno federal, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura son la cúspide de la pirámide.

La acción de eliminar salarios de privilegio en el ámbito público, inserta en la política de “austeridad republicana” llevaron a un enfrentamiento entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte. El diferendo culminó en un acuerdo, no público, pero que se deduce con claridad por el resultado. La Suprema corte ejercería su autonomía regulatoria para fijar sus salarios y definir sus políticas de ahorro y austeridad. Esta semana los ministros acordaron disminuirse el salario en un 25 por ciento. No es lo que el ejecutivo desea, pero es el justo medio político entre su postura y la de los ministros, que manifestaron como violatorio de la autonomía del poder judicial la fijación de salarios por otro poder. Por un lado, se atendió el contexto social irritado por los privilegios de la clase política, y por otro, no se somete al criterio presidencial.

La coyuntura del cambio de presidente de la Suprema Corte fue favorable para encontrarle una salida política sin mayor confrontación con el Poder Ejecutivo. Es así como el pasado 2 enero con siete votos a favor, fue electo Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Según refiere su currículum es licenciado en Derecho egresado de la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); durante más de dos décadas a combinado su actividad profesional como abogado postulante con la academia. Su carrera no es producto del sistema judicial federal, de manera natural se deduce que no es parte de las cofradías históricas.

Sin embargo, a decir de algunos expertos el nuevo ministro presidente se caracteriza por tener ideas afines al titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador en lo que corrupción se refiere. Por lo que, algunos creen que con este nuevo nombramiento el Poder Judicial estará, si así se quiere ver, ligado a la voluntad del ejecutivo. Dichos señalamientos no son cosa menor, pues de por medio está el sano funcionamiento de la República y el principio elemental del equilibrio de poderes.

Sin embargo, más allá de simples hipótesis o teorías conspirativas, es necesario hacer un análisis sobre los retos que enfrentará el nuevo presidente de la máxima institución encargada de la impartición de justicia. Sin embargo, no hay que perder de vista que, la independencia de criterio es uno de los rasgos que han definido, a lo largo de su vida, el actuar del Presidente de la Corte.

Previo a su designación el ministro Zaldívar elaboró un detallado programa en donde enmarca acciones e ideas muy concretas sobre algunos aspectos que resultan importantes implementar, y otros tantos, mejorar para lograr avances en la materia.

El contexto político y social que se vive actualmente es complejo, pero, si el programa se analiza con cuidado, contiene algunas directrices que permiten percibir que, por encima del trato respetuoso y la coincidencia de ideas, la autonomía del poder judicial estará por encima de todo.

Otro de los grandes retos de la justicia es que ésta pueda ser de acceso universal y bajo un criterio máximo de certidumbre.

Para ello, el programa de trabajo menciona algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, las acciones y procedimientos judiciales deben estar orientados a: 1) promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos; 2) a la transparencia; 3) a la comunicación; 4) a la igualdad de género; 5) al acceso de la justicia para todos; y finalmente, 6) al uso intensivo de las tecnologías.

Si bien algunos de los aspectos señalados ya están en marcha, hasta ahora el avance ha resultado insuficiente. El reto del poder judicial no sólo implica una renovación en cuanto a lo administrativo; si bien por un lado se requiere de una justicia más pronta y expedita, lo cual demanda de una profesionalización y capacitación de los miembros de la carrera judicial. También es necesaria la implementación de una comunicación que involucre a los ciudadanos con el quehacer de los órganos que imparten justicia.

No debemos olvidar que uno de los grandes problemas del país es la corrupción. El espacio judicial no está exento. Es todo un reto combatir las cofradías judiciales y el nepotismo.

Por eso, es importante lo planteado en el programa que el sistema de justicia implemente mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que le permitan a todo ciudadano poder seguir a detalle el trabajo de toda la institución.

Es importante señalar, como corolario a lo expuesto en un principio, que el ministro presidente deberá actuar bajo el estricto apego a las decisiones de un cuerpo colegiado. Salvo en aquellas circunstancias en donde la ley le permita ejercer un voto de calidad. Lo cual es excepcional.

La salud de la República reclama de los poderes “sensibilidad frente a los legítimos reclamos sociales”, y en donde la presión mediática no puede convertirse en moneda corriente.

El primer reto para el nuevo presidente de la SCJN será sin lugar a duda, la defensa de su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, el segundo, sanear la casa.

Para superar esos retos, el respaldo social es indispensable, al igual que la voluntad política de quienes las dirigen: el presidente y el colegiado.

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

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