Opinión


Transformar la política

Transformar la política | La Crónica de Hoy

Ricardo Espinoza Toledo*

 

El presidente López Obrador es muy efectivo en los dichos de las mañanas, pero su gestión no sigue el mismo ritmo, sostienen algunos. Cuestionan que, al parecer, el Presidente no siempre consulta a sus colaboradores antes de informar, que los evidencia o corrige públicamente o que, a veces, la información presentada tiene alguna inconsistencia o contradicción. Seguramente. El día a día de la gestión gubernamental genera una cantidad abrumadora de información que no siempre es posible afinar en el acto. Impulsar nuevas políticas tampoco puede generar unanimidad en un país diverso.

Ocurre que no estamos habituados a presenciar la gestión de gobierno. Es algo nunca visto en nuestro país. Todo lo que se procesaba en el marco estrecho y cerrado de la oficina del Presidente y de su teléfono rojo, era del conocimiento exclusivo de su círculo cercano. Solo nos enterábamos del poder de la esposa de algún expresidente, de los berrinches de otro y de la dislalia de uno más por filtraciones de la prensa. Los dislates de todos se ocultaban o, cuando no era posible, se corregían con boletines de prensa y publicidad.

La prensa comercial, escrita y electrónica, y sus voceros destacados, a su vez, actuaban mediante contrato. 60 mil millones de pesos fue el gasto en publicidad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el Artículo 19. Eso no es libre mercado y menos libertad de prensa y de expresión.

Una fábrica de fertilizantes fue comprada por gobiernos anteriores al doble de su precio y le invirtieron otro tanto para hacerla funcionar. Pero no funcionó y el dinero se perdió. La construcción de gasoductos, a su vez, se contrataba a precios elevadísimos, y el gobierno paga multas en tanto la constructora no termina la obra. Pero, al final, la propietaria será la constructora, no el Estado. Con generosidad parecida se adquirían terrenos y otros bienes y servicios, pero sólo era el procedimiento para triangular y, así, desviar ingentes recursos púbicos. Ahora se tiene el objetivo de combatirlo y evitarlo.

La acción del gobierno de López Obrador se despliega a través de la batalla contra el robo de combustibles, en atender el desfalco a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y acabar con los contratos abusivos que han deteriorado las finanzas públicas. “El gran robo de la reforma energética de Peña Nieto” es el título de la investigación de Quinto Poder y Código Magenta, que ofrece montos casi impronunciables del saqueo y sus modos de operación, al que debe agregarse el endeudamiento.

El nuevo gobierno ha reducido la alta burocracia gubernamental, disminuido los grandes salarios y prestaciones excesivas de los altos funcionarios, así como todos los gastos prescindibles por superfluos y ofensivos. Se busca imponer la austeridad en el gobierno, pero no en los programas sociales ni en la inversión pública. La ecuación se invierte. La recuperación de recursos desviados a causa de la corrupción constituye un ahorro muy importante que será orientado a apoyos sociales y a inversión pública.

En cuanto a programas sociales, los intermediarios e interlocutores privilegiados del gobierno eran una serie de organizaciones y asociaciones civiles que recibían los recursos para distribuirlos a los destinatarios finales o para otorgar algún servicio. Si quitamos los montos que se quedaban esas organizaciones y las “cuotas” para cumplir con los objetivos de los programas, los destinatarios recibían sólo un porcentaje de lo que realmente les correspondía. A esa acción corporativa, clientelista y populista le llamaban política social. Con el nuevo gobierno, se quiere que los apoyos llegan directamente a las personas, otro medio para reactivar el mercado interno.

Los organismos que adquirieron autonomía con la reforma energética de 2013 no fueron ni verdaderamente autónomos ni contrapeso del Poder Ejecutivo. Su propósito era desmantelar los sectores estratégicos establecidos en la Constitución y trasladarlos a los privados. Logrado eso, su papel sería el de regular la acción de los actores, aunque no lo hicieron. Los reguladores siguieron estando controlados por intereses privados. Un estudio de la OCDE, sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, de 2012, lo explica.

Lo que se hizo con las reformas de 2013 fue darles el estatuto de autónomos a esos organismos para llevar a cabo la privatización del petróleo y de la energía eléctrica, en otras palabras, desactivar a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. En materia de telecomunicaciones, la desproporción sigue siendo la norma, a pesar de las reformas. Es revelador que, a partir de los señalamientos del presidente López Obrador, esos y otros organismos empezaran a ventilar asuntos que mantuvieron ocultos o que antes no vieron como legalmente procedentes, en cuanto a transparencia, competencia económica, contratos injustificables, etc.

Por su parte, la seguridad pública brillaba por su ausencia. Los gobernantes no se preocupaban por la seguridad de los ciudadanos. Se hacían operativos para perseguir a grupos delincuenciales, pero no se contemplaba proteger a las personas. La Guardia Nacional, con sus 266 coordinaciones territoriales, viene a cubrir ese vacío. Junto a los programas sociales es un mecanismo complementario para fortalecer la presencia del Estado, el que incluye y protege a las personas, en el territorio nacional.

Combatir la corrupción y la impunidad que borraron la frontera entre el crimen y la política es una tarea de regeneración. Creyendo que las privatizaciones resolverían todos los problemas, los gobiernos anteriores no se ocuparon en afianzar un verdadero estado de derecho. La estructura centralizada de poder, a su vez, no se modificó en la época de presidentes minoritarios, del 2000 al 2018, cuando había las condiciones para hacerlo.

En realidad, el autoritarismo fue la condición política para imponer las “reformas estructurales”. Así no podían generar una democracia fuerte, sino solo una serie de instituciones fragmentadas y capturadas por intereses privados. La falla de los partidos y sus gobernantes fue no impulsar el cambio requerido y someterse a la oligarquía dominante. Hicieron más desiguales a los desiguales y la polarización se volvió un fenómeno social. Por eso, para garantizar la convivencia pacífica, son necesarias nuevas políticas.

 

*Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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