El barco humanitario español Open Arms se dirige a costas italianas, después de que ayer un tribunal italiano permitiese al buque, que lleva a bordo 147 migrantes, entrar en aguas territoriales del país.

El barco, que lleva ya 13 días esperando un puerto seguro para desembarcar, ha reabierto el debate sobre la gestión de la crisis migratoria en el mar Mediterráneo por parte de la Unión Europea.

La medida cautelar fue tomada ayer por el Tribunal Administrativo Regional del Lazio, que ­señala la “situación de gravedad y urgencia excepcionales” para justificar su decisión. El tribunal defiende la necesidad “de proporcionar asistencia inmediata a las personas rescatas más necesitadas”, aunque no da permiso explícito para desembarcar a los 147 migrantes.

SALVINI, EN CONTRA. La organización Proactiva Open Arms, propietaria del barco, explicó que están poniendo rumbo a las costas de la isla italiana de Lampedusa, pues es el puerto más cercano, situado a unas 30 millas.

Sin embargo, responsables de la ONG admitieron que no podrán desembarcar, por el momento, puesto que para ello necesitan la autorización del secretario de Interior y viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, que se niega a ello.

El líder ultraderechista insistió ayer, pese al fallo judicial, en su oposición al desembarco de los migrantes. “Vivimos en un país en el que un abogado del Tribunal Administrativo del Lazio quiere dar permiso para desembarcar en Italia a un barco extranjero lleno de migrantes. Yo volveré a firmar en las próximas horas mi ‘no’”, dijo Salvini.

A través de un comunicado oficial de la Secretaría de Interior, Salvini informó que presentará un recurso urgente ante el Consejo de Estado para impedir el desembarco.

LEY EN VIGOR. Además, el líder ultraderechista recordó que, a pesar de esta decisión, sigue vigente la ley antimigración, aprobada el pasado 5 de agosto, que prevé multas de hasta 50 mil euros a todas las embarcaciones que lleven migrantes a bordo.

La ley también estipula que embarcaciones que entren en aguas territoriales italianas sin permiso de la Secretaría de Interior se enfrentarán a multas de hasta un millón de euros.