Lo que se veía venir llegó. La administración Trump, a través del procurador de Justicia, William Barr, anunció que hará a un lado la moratoria de 16 años en la ejecución de prisioneros acusados de delitos federales y empezará a darles muerte a partir de diciembre. Esto es visto por sus críticos como una manera del mandatario para distraer la atención pública de sus errores, pero también porque la crueldad cada día más expresa del presidente, entusiasma a sus seguidores y seguro le traerá votos.

Para no ser acusado de racista, el gobierno ha decidido que de los cinco a los que primero les quitará la vida, tres son de raza blanca y todos son asesinos convictos de menores. Lo cual no cambia el hecho de que la pena capital puede llevar a la muerte a inocentes. En las últimas décadas más de 150 prisioneros en lista de espera para morir, han sido indultados, al comprobarse con pruebas científicas que no eran culpables.

“Algunas personas han cometido crímenes tan terribles que como sociedad tenemos obligación de matarlos. Se lo debemos a las víctimas y a sus familias”, ha dicho Barr en defensa. Por su parte el conocido jurista Robert Becker sostiene que no hay nada malo en que el gobierno se deshaga “de lo peor”. Aun así, se espera un retraso en las ejecuciones anunciadas debido a que no se consigue la substancia que se les inyecta, ya que la empresa que la fabrica se niega a venderla si ésta es usada para aniquilar gente.

En la mayoría de los 32 estados donde este castigo se permite, el condenado puede, sin embargo, escoger cómo quiere morir. Si no eligen, se usa la silla eléctrica, pero lo más común es la inyección, un cóctel mortífero compuesto por sustancias que se dan al reo, le impiden respirar y eventualmente, en minutos, lo dejan sin vida. Algo que algunos sostienen es una muerte dolorosa y lenta, mientras otros la consideran demasiado cómoda y gentil y están pidiendo que se utilicen escuadrones o la guillotina. Dicen que debe ser ojo por ojo y diente por diente.

La pena capital tiene dividida a la opinión pública, con un 62 por ciento de la población todavía a favor, aunque está ya prohibida en 19 estados y el Distrito de Columbia, lugares donde se le considera discriminatoria y en contra de los pobres y las minorías. En Washington abundan quienes insisten, pero sin mucho eco, en que Estados Unidos deje de acompañar en esto a China, Irán, Arabia Saudita, Irak, Yemen y Corea del Norte, únicos países que siguen practicándola.

Y es que esta expresión de barbarie y venganza, es un castigo que no debería tener cabida en una sociedad civilizada como se supone es ésta, la única democracia que queda en el planeta donde la ley ordena que un hombre mate a otro. Pero con dos tercios de los ciudadanos sin problema con ella, los políticos, no sólo republicanos sino de ambos partidos, tienen buen cuidado en no mostrar oposición.

En la actualidad hay más de tres mil reos esperando ser ejecutados, de ellos 57 son mexicanos y en al menos 39 de los casos, el gobierno de México no alega su inocencia, pero sostiene que no se le notificó de su arresto y que no tuvieron el debido acceso y derecho a la asistencia consular ni a traductor, por lo que considera que el proceso en su contra fue “ilegal”.

La espera para ser ejecutado, de un reo condenado a muerte desde el día de su sentencia, es de aproximadamente 178 meses, casi 15 años, estimándose que un cuarto de ellos muere antes por otras causas. Quienes están en contra alegan el precio, cada condenado le cuesta al gobierno cerca de cinco millones de dólares, ya que asume los gastos de ambas partes durante el largo proceso de investigación y apelaciones.

Pero nada de eso preocupa a la Casa Blanca. Desde 2003 no se ha ejecutado a nadie por delitos federales (crímenes de odio, secuestros, robos a bancos, pornografía infantil, etc.), pero si la reanudación de ejecuciones se lleva a cabo o no, igual Trump ha logrado lo que buscaba: distraer a todos de sus propios problemas legales y poner de nuevo en la conversación y el debate, el tema de la pena de muerte y que éste sea un factor a su favor en las elecciones de 2020.

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