El jueves de la semana que recién concluyó, la Cámara baja del Congreso de Estados Unidos finalmente votó para iniciar la parte pública del proceso para desaforar primero y posteriormente someter a juicio político al presidente de Estados Unidos. Han sido casi tres años desde que inició su gobierno y prácticamente desde el primer día se hablaba de la posibilidad de que esto ocurriera.

El factor determinante no fue, sin embargo, la detallada investigación desarrollada por Robert Mueller a lo largo de casi dos años. No, fue algo mucho más simple y, al menos aparentemente, menos trascendente: fueron una serie de llamadas telefónicas y contactos entre Trump y sus personeros con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y sus colaboradores. En al menos dos de esas llamadas telefónicas hay evidencia de que Trump habría pedido a Zelenski que, a cambio de ayuda militar prometida en el pasado inmediato a Ucrania, el gobierno de ese país europeo debía investigar a la familia de Joe Biden, el expresidente de EU y actual precandidato presidencial del partido Demócrata.

Además de que se filtraron transcripciones de esas llamadas, un factor determinante en el inicio del proceso de desafuero y juicio político, el llamado ­impeachment, ha sido el que al menos dos funcionarios de las áreas de seguridad nacional del poder ejecutivo de EU decidieron dar el paso al frente y denunciar a Trump, luego de ellos lo han hecho embajadores y otros funcionarios de áreas de seguridad nacional del gobierno de EU.

En ese sentido, Trump tiene ya pocas probabilidades de eludir el juicio político y, sobre todo, las audiencias públicas en las que los distintos actores que lo acusan, entre otras cosas de corrupción y de traición a Estados Unidos, evidenciarán los detalles de esos actos de corrupción y traición. Es casi un hecho que, en el transcurso de los próximos cuatro o cinco meses, seremos testigos de un incesante desfile de personajes que ofrecerán las pruebas de los dichos y hechos del presidente. Al término de ese proceso, la Cámara baja votará para enviar el expediente al Senado que, constituido en jurado y presidido por el ministro John G. Roberts, presidente de la Suprema Corte de Justicia de EU, deberá resolver si condena o no a Trump.

Es casi un hecho que el trámite en la Cámara baja transcurrirá como el voto de este jueves. Las dudas existen acerca de qué pasará cuando el expediente llegue a la Cámara de Senadores. Se sabe ya que el senador por Utah y exgobernador de ­Massachusetts, Mitt Romney, no apoyará a Trump, pero—hasta ahora—es el único republicano rebelde. Habrá que ver cómo transcurren las audiencias en las que se presente la evidencia en la Cámara baja y ver el efecto que ello tiene en la opinión pública estadunidense, para saber si habrá más defecciones que permitieran la eventual condena de Trump.

Como sea, no es necesario llegar a ese punto. Como ocurrió con Nixon en el contexto del Watergate, Trump tendrá la oportunidad de renunciar a la Presidencia y evitar así dañar todavía más su imagen y la imagen del Partido Republicano que, hasta ahora, lo ha arropado hasta incurrir en conductas ignominiosas y violentas.

Habrá que ver, en el caso concreto de México, qué efecto tiene esto en la siempre difícil relación bilateral que, en este momento, está afectada por la incertidumbre que generó la negociación de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, así como por los efectos de la demencial guerra aduanera entre EU y China, sin olvidar que EU estará en medio de su elección general.

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