La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador propuso que el avión presidencial se rifara. Aparte del pitorreo que desató, lo que resalta esta ocurrencia es la manera en que se hacen las cosas en la 4T, es decir, con base en improvisaciones. La aeronave TP-01 no pudo venderse; quedó estacionada en Estados Unidos y hace poco la trajeron a México.

Ciertamente, la decisión de AMLO de no subirse a ese avión y usar, en cambio, vuelos comerciales fue una medida que publicitariamente le ha rendido buenos dividendos; pero en términos financieros ha sido un desastre.

Mucha gente pensó que eso de la rifa del avión era broma; pero no, el asunto va en serio: el lunes pasado, AMLO explicó que en 10 días informaría sobre si hay alguna opción de compra o renta de la aeronave. En caso contrario, se rifará. No obstante, como lo ha señalado Lourdes Mendoza (El Financiero, 20/01/2020): “si el presidente está pensando en vender 6 millones de boletos a 500 pesos cada uno, con lo cual se obtendrían 3,000 millones de pesos, las cuentas no cuadran para pagar lo que se debe del avión. Pues el ingreso real sería de 56 por ciento, es decir, 1,680 millones de pesos, unos 88.4 millones de dólares, cuando el gobierno debe alrededor de 142 millones de dólares.”

El caso del avión presidencial no es la excepción, sino la regla. Así trabaja este gobierno: al aventón, al “ahí se va”, “en el camino se van acomodando las calabazas”. Y quienes pagamos los platos rotos somos nosotros, los ciudadanos. Sirva de ejemplo el desabasto de gasolina en enero de 2019. Con el cuento de que, para combatir a los huachicoleros, se habían cerrado los ductos que distribuyen ese combustible, los automovilistas tuvimos que formarnos en largas filas y esperar horas para poder llenar el tanque de nuestros vehículos.

Siguiendo la receta neoliberal, López Obrador, despidió a servidores públicos, eliminó plazas, redujo sueldos, cerró las estancias infantiles, mermó a las organizaciones civiles, hizo cambios en los mecanismos de compras públicas y endureció el control de gasto. La intención—siguiendo los dictados de Milton Friedman y el Consenso de Washington—ha sido reducir el tamaño de la burocracia y generar ahorros.

López Obrador ha afectado a muchas familias de escasos recursos al desaparecer el Seguro Popular y sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Se dijo que los servicios médicos seguirían siendo gratuitos, pero la verdad es que—de nuevo siguiendo la receta neoliberal—ahora, con el INSABI, las personas tienen que pagar para recibir atención a su salud. Todo esto en medio de un enorme desbarajuste administrativo.

Uno de los casos más sonados respecto a la falta de coordinación entre los órganos gubernamentales fue el llamado “culiacanazo” ocurrido el 17 de octubre de 2019. Como se recordará, primero se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán; pero luego se le dejó en libertad debido a que el Cártel de Sinaloa, literalmente, tomó la capital de Sinaloa y doblegó al ejército mexicano. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo admitió honestamente, ante senadores, que el operativo en Culiacán fue fallido.

En términos elementales, las decisiones políticas deben aplicarse escrupulosamente en términos administrativos. El problema es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de tomar malas decisiones políticas, las instrumenta pésimamente. Véase, por ejemplo, el desabasto de medicinas, en especial la falta de medicamentos para los niños con cáncer; el retiro de apoyo a los refugios para mujeres víctimas de violencia. La carencia de oficio en buena parte de las personas que han llegado con López Obrador es uno de los factores que inciden en que este gobierno vaya al garete; calafateando la embarcación como dios les da a entender.

Han puesto en la calle a personas con capacidad que llevaban años en la administración pública, y las han sustituido por militantes de Morena, sin alguna preparación. O sea, la lealtad por encima de la destreza.

A López Obrador se le olvida que el gobierno tiene su ciencia. En paralelo al nacimiento del Estado moderno, vio la luz la ciencia de la administración pública (Verwaltungswissenschaften). Entre los pioneros de esta especialidad están Heinrich Gottlob von Justi, Robert von Mohl y Charles-Jean Bonnin. Esa ciencia ayudó a edificar las instituciones del Estado y a preparar a los funcionarios y empleados que las pusieron en operación.

Uno de los problemas que nuestro país ha arrastrado desde la época de la independencia es la confusión entre los bienes públicos y los bienes privados. A eso se le llama “patrimonialismo”; el aceite que lubrica a este sistema es la corrupción.

Hay una contradicción cuando AMLO dice, por un lado, que está combatiendo la corrupción y, por otro lado, está reavivando al régimen patrimonial: asume al Estado y al gobierno como si fueran suyos, además de que nombra en puestos clave a sus incondicionales, no a personas calificadas.

Por eso, en lugar de mejorar estamos empeorando. Los mexicanos y nuestra democracia sufrimos esa regresión.

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