Un país con pocos lectores es uno donde es difícil que se arraigue la democracia. De acuerdo con el Módulo de Lectura (Molec), presentado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el porcentaje de personas que sabe leer y escribir, mayor de 18 años, y que ha leído al menos un libro en los últimos 12 meses previos al levantamiento de la encuesta cayó de 50.2% del total, en febrero del año 2015, a sólo 42.2%, en febrero del 2019.

De manera igualmente preocupante, el Molec muestra que sólo el 20%, es decir, sólo una de cada cinco personas que lee algún material (libros, periódicos, revistas), comprende toda la lectura. Es decir, entre lo que se publica y lo que la población lectora está comprendiendo hay, literalmente, un abismo.

Los datos que presenta el INEGI son de auténtica preocupación: sólo el 25% de las personas entrevistadas acude o visita la sección de libros y revistas en tiendas departamentales; únicamente el 11% visita bibliotecas y sólo el 19.7% tiene el hábito de asistir a librerías.

Lo anterior tiene una relación directa con la calidad de nuestra democracia y con el nivel de exigencia a la clase política. Es decir, si sólo 42 de cada 100 personas leen al menos un libro al año; y entre esas 42, sólo entre 10 y 11 comprenden todo lo que leen, tenemos por supuesto un país que es fácil presa de discursos manipuladores, demagogos y vacuos; por eso no sorprende que todas, absolutamente todas, las campañas políticas “exitosas” son aquellas que apelan a la emocionalidad y no a la razón.

Frente a lo anterior es no sólo explicable, sino sobre todo sintomático, que la actual administración tiende a ser “ágrafa”, es decir, se trata de un gobierno que no sólo ha mostrado un constante desprecio al saber técnico, sino que, en general, es un gobierno que no escribe o que al menos no hace públicos los documentos que genera.

¿Cuál es el diagnóstico de la situación de inseguridad en el país que llevó a la decisión de construir una Guardia Nacional militarizada? Más allá de lo dicho en las conferencias matutinas del Presidente de la República, sabemos muy poco. Cosa delicada, porque si algo se ha criticado a las políticas fracasadas de Calderón y Peña en esta materia, es precisamente que partieron de diagnósticos erróneos. Si esto es así, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es el diagnóstico de la actual administración.

¿Cuál es el diagnóstico en torno al fracaso de los programas de combate a la pobreza y la evidencia que llevó a la modificación de los esquemas de transferencias de ingresos? ¿Cuáles son las causas del fracaso de las administraciones previas respecto del objetivo de romper con las condiciones estructurales de reproducción intergeneracional de la pobreza? Más allá de la acusación (cierta en lo general) de que se debe al “modelo neoliberal”, no hay sobre la mesa de la discusión pública un documento que explique detalladamente cuáles son las nuevas estrategias y las razones que permiten suponer que tendrán resultados positivos.

¿Cuál es el diagnóstico en torno a fenómenos graves como el embarazo adolescente, o a condiciones críticas como la violencia intrafamiliar? Nuevamente, más allá de las hipótesis cuasi religiosas que ha expresado el Presidente sobre la materia (la pobreza del alma, la maldad del espíritu, etc.), no contamos con un diagnóstico sustentado en evidencia ni en perspectivas sociológicas, antropológicas o psicológicas, como es de esperarse de un gobierno progresista.

Pensar que todo diagnóstico sustentado en evidencia es neoliberal o tecnócrata constituye un yerro monumental; y suponer que la democracia puede funcionar sin una deliberación pública, dialógica y crítica respecto de los grandes problemas nacionales, representa una peligrosa actitud autoritaria; a menos que la postura del gobierno sea la de “para qué escribir, si al fin no van a leer; y si leen, no van a comprender”.

@saularellano

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