Como ha sucedido desde hace décadas a cada inicio de sexenio, el gobierno federal ha convocado a la ciudadanía a participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, con propuestas de política pública que ayuden a resolver los problemas del país.

La principal crítica que, durante los sexenios pasados, recibieron los planes nacionales de desarrollo es que, de alguna manera, ya estaban armados de antemano por los equipos de las diferentes dependencias, y la participación social solamente servía para legitimarlos políticamente. Se tomaban como aportaciones sólo aquellas que coincidían con las propuestas que ya traía consigo el gobierno entrante.

Ahora, con la nueva convocatoria de parte de un gobierno que se dice radicalmente diferente a los anteriores, uno debería pensar que la cosa será distinta, y que sí se tomarán en cuenta las propuestas ciudadanas. Pero la verdad uno no piensa así: sabe que, a final de cuentas, lo que privará será la opinión del Ejecutivo Federal. Eso ha quedado claro desde antes de la creación del PND, con el sometimiento a rajatabla del presupuesto a las 25 prioridades señaladas desde la campaña por el presidente López Obrador.

En un país imaginario, mucho más abierto a la discusión de las cosas sustantivas, la presentación de 100 Propuestas para el Desarrollo 2019-2024 de parte del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM podría servir de base para la deliberación profunda acerca de las estrategias a seguir para un cambio exitoso de ruta.

Como no hay peor lucha que la que no se hace, a continuación comento algunos de los puntos de este documento que, considero, serían fundamentales en un plan serio de desarrollo económico y social de mediano plazo.

El primero es poner en el centro el abatimiento de la pobreza y la búsqueda de una sociedad más igualitaria, a través de políticas laborales y de mejoras salariales, así como la universalización de servicios y políticas de educación y salud. Esto no se hace primordialmente a través de asignaciones directas —que sí deben darse, pero no como instrumento central—, sino a través de la creación de empleos decentes, el aumento a remuneraciones y prestaciones, el acceso a recursos financieros y el acompañamiento técnico para desarrollar iniciativas productivas.

Una estrategia de mediano plazo implica evitar que el financiamiento del gasto recaiga de manera excesiva en el impuesto al consumo. Al contrario, habría que buscar un sistema impositivo que favorezca una reducción en la brecha de ingresos: una reforma fiscal progresiva que también refuerce la recaudación de parte de gobiernos locales.

También implica un mayor nivel de inversión pública. Y hacerlo no sólo en infraestructura. También hay que entender que se requiere de esa inversión en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una política digital que ayude a la apropiación de las tecnologías de la información, como parte sustancial de una estrategia de desarrollo.

Si no se piensa exclusivamente en el corto plazo, se hace necesario pensar en la sustentabilidad de los proyectos productivos. Eso implicaría dejar atrás el extractivismo nostálgico, poner más impuestos a las emisiones de carbón, abrir campos que se especialicen en las llamadas economías verdes, depender más de las energías renovables y mover a Pemex hacia la transición energética.

El documento también plantea propuestas para reorientar el sistema de desarrollo urbano, con políticas para favorecer a las ciudades medias, trabajando con una visión sustentable de la conectividad, así como cerrar las brechas interregionales que tanto han crecido en los últimos años.

En materia institucional, el texto del PUED subraya la necesidad de revalorar la planeación, la conveniencia de poner en el PND un eje transversal de cumplimiento de los derechos humanos, el fortalecimiento de instituciones como el Coneval y el Inegi, cuya autonomía debe consolidarse y la propuesta de creación de un Consejo Nacional Económico, Social y Ambiental, que favorezca la intervención social en la planeación del desarrollo.

Son propuestas muy atendibles. Muchas de ellas están en consonancia con los propósitos declarados del gobierno de López Obrador. Algunas otras abrevan de la izquierda democrática con la que dice identificarse este gobierno. Todas, sin embargo, tienen ese cariz moderno con el que parece estar peleado López Obrador.

Empleo decente como eje central del combate a la pobreza, y no los subsidios y transferencias; reforma fiscal progresiva y no baja de impuestos; inversión pública en ciencia y tecnología, y no nada más en infraestructura; atención a la sustentabilidad en el desarrollo, y no extractivismo feroz; planeación a fondo y no una lista de prioridades discrecionales; instituciones autónomas y participación ciudadana, y no el centralismo personalizado.

La UNAM, a través del PUED, ha presentado una agenda para un desarrollo con inclusión y para un fortalecimiento democrático del país. Si pensamos que el futuro es mucho más que las decisiones o puntos de vista de un solo hombre, esa agenda muestra con mucha claridad una ruta que significa alejarse del pasado inmediato sin caer en la tentación de acercarse a un pasado más remoto.

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