¿Los niños deben regresar a clases presenciales? Ese es un debate público muy importante. Involucra a las familias, a los profesores y a las autoridades, quienes, desde su perspectiva particular, están decidiendo sobre el futuro de más de 25 millones de alumnos de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) y más 1 millón de docentes, según cifras de la SEP previas a la pandemia. Es un asunto de prioridad nacional y que exige la intervención directa del presidente.

Los principales patrones de los maestros en la educación son los gobiernos federal y estatales. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, según los datos publicados por esta organización, agrupa a más de 1.6 millones de profesores, defiende al gremio en estas condiciones de riesgo sanitario y ha sido, desde la sombra, el principal impulsor de la vacunación del magisterio para disminuir las probabilidades de contagio y, en el lamentable caso de padecer la enfermedad, el menor agravamiento de sus efectos.

Primer acto, el patrón mayor de los docentes, el presidente López Obrador promueve su vacunación y los adelanta en la fila. Lo que es correcto. Cuando concluyó el proceso intentó la reapertura de las escuelas con un “semáforo regional” y desde la palestra de las mañaneras, sin protocolo alguno, ni estrategia de comunicación social institucional. Esto acabó en un fracaso. Un solo caso de contagio fue suficiente para ordenar el cierre de un plantel educativo en Iztacalco en la Ciudad de México (El País, 14-06-21) debido a que no había ningún plan contingente socializado, ni mayor información sobre cómo actuar. Las medidas se redujeron al uso de cubre bocas y toma de temperatura a los asistentes y a la luz verde o amarilla epidemiológica.

Segundo acto, las autoridades educativas suspendieron el regreso a clases y aprovecharon las vacaciones escolares para diseñar protocolos y reglas y con ello garantizar las mejores condiciones de seguridad sanitaria en la medida de lo posible, tomando en cuenta que casi el 25% de la población completó su esquema de vacunación. Con base en un semáforo regional, cuyas reglas fueron publicadas el 27 de julio, la SEP comunicó el resultado en la mañanera del 12 de agosto. Hay que señalar que algunos docentes, que recibieron la unidosis de CanSino, 87% en mayo según cifras de la SEP, recibieron un “reforzamiento” y también se vacunaron con su grupo de edad.

Sin embargo, en el proceso educativo hay dos partes. El docente y el alumno. Ambos impactan en la salud de sus familias y la secretaria Delfina Gómez hizo un buen trabajo de convencimiento y coordinación con el sindicato y los gobernadores, pero dejó fuera en el proceso de consenso de la estrategia a muchos actores involucrados.

Tercer acto, el presidente, que escuchó directamente los requisitos para el regreso a clases que incluían una carta compromiso (responsiva) suscrita por los padres y madres de familia como control adicional al proceso de garantizar la seguridad sanitaria para los docentes y alumnos, en una mañanera, para que su popularidad no se viera afectada, derrumba los dos meses de trabajo de la administración pública federal del sector educativo y convocó a una cargada burocrática, más que una estrategia concertada con oportunidad.

Vemos una administración pública a modo. El presidente siempre tiene a quien echarle la culpa de su incompetencia. Esta semana fue el turno a sus subordinados que hacen cosas que no le informan. La carta responsiva fue una decisión de abajo (sic). Con estas palabras, quitó el apoyo a la secretaria de educación y la defenestró públicamente. Nadie le toma el pelo, sólo su peluquero Álvaro (sic). Entonces, tuvo que utilizar al experimentado subsecretario de gobernación Alejandro Encinas, para que explicara los efectos nocivos de la inasistencia a clases presenciales en los niños y convocó al siempre y obsecuente científico, López Gatell, para que, sin ningún fundamento, clasificara como esenciales las actividades escolares, entre otras acciones inconexas.

¿Existe un protocolo de atención ante un contagio en un centro educativo? No hay ninguno publicado. Lo único que existe es un acuerdo del 20 de agosto en el que se establecieron las diversas disposiciones para reanudar las actividades de forma presencial, responsable y ordenada (sic), que sólo describe los filtros -por supuesto, sin carta responsiva- y, en su caso, incluye la orden de dar aviso a la autoridad sanitaria ante un caso de COVID-19.

Ante un problema que impacta a casi una quinta parte de la población, el presidente exige a la administración pública que se acomode a sus ocurrencias o a los vaivenes de su popularidad y prefiere contestar a las críticas con simplezas como “prohibido prohibir” o sus huecas declaraciones de que a él “nadie le toma el pelo” o que sus adversarios son los culpables de la ineficiencia de su gobierno.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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