Opinión

Una elección bajo riesgos

Una elección bajo riesgos

Una elección bajo riesgos

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

Pablo Xavier Becerra Chávez

El proceso electoral intermedio de 2021 se ha desarrollado en medio de varios riesgos y peligros. En primer lugar, la pandemia del COVID-19 ha estado presente a lo largo de la preparación del proceso desde finales del año pasado hasta estos últimos meses de campañas. Y, por supuesto, la jornada electoral de este domingo seis de junio se realizará en medio de las medidas sanitarias obligadas por la pandemia, a pesar de que ya no estamos en la peor etapa de contagios y defunciones. La mayor parte del país ya se encuentra en los colores amarillo (15 entidades) y verde (16) del semáforo epidemiológico, en tanto que solamente un estado (Quintana Roo) está en anaranjado y ya ninguno está en rojo.

Actualmente nuestro país está en el cuarto lugar de defunciones, cuyo número oficial ya ha superado las 220 mil debido al repunte que se vivió entre diciembre y enero. Por supuesto que se sabe que el número real es superior, estimándose que puede ser de entre 350 mil y 500 mil. Las tareas sustantivas de la preparación de la elección, entre las cuales está la capacitación de casi millón y medio de ciudadanos y ciudadanas que se desempeñarán como funcionarios de mesas directivas de casilla. Para ello un verdadero ejército de capacitadores y supervisores (cerca de 50 mil) se movieron por todo el país, arriesgando no solo su salud sino también su integridad personal debido al dominio que el crimen organizado tiene de buena parte del país.

Precisamente ese es el segundo gran riesgo que ha enfrentado el proceso electoral. La violencia criminal ha crecido de manera incontenible en los últimos años. Según información recopilada por la consultora TResearch, el número de homicidios dolosos se ha mantenido en torno a 34 mil por año durante 2019 y 2020, por encima de los niveles de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón, y durante lo que va de 2021 el número se eleva a 13,720. De acuerdo a la consultora Etellekt el proceso electoral actual ya es el más violento de la historia reciente de México. Al 31 de mayo se habían registrado 782 agresiones a políticos, aspirantes y candidatos, ocho más que hace tres años, de las cuales 89 fueron asesinatos, 35 de los cuales eran precandidatos o candidatos y el resto políticos de diversos niveles. De los 35 aspirantes fallecidos, 13 eran candidatos con registro y los restantes 22 eran aspirantes y/o precandidatos. Paradójicamente, aunque el número de hechos violentos ha sido mayor, el número de asesinatos aun no alcanza el nivel de hace tres años, cuando ya se vivía una ola criminal que abarcaba al proceso electoral. El asesinato de candidatos y aspirantes ha pegado principalmente en el ámbito local, donde los cárteles del crimen organizado quieren garantizar las mejores condiciones para sus negocios.

El tercer gran riesgo que ha debido enfrentar el proceso electoral que está a punto de llegar a su culminación es la intromisión permanente del presidente López Obrador y el asedio ininterrumpido sobre el INE y el TEPJF. Sobre el tema de la intromisión presidencial en el proceso electoral ya se ha escrito mucho y los partidos opositores ya han impugnado desde hace varios meses al presidente ante el INE, por medio de quejas y denuncias, y ante el TEPJF, por medio de la impugnación de las resoluciones del INE, pero lamentablemente este camino es lento y tortuoso. Un ejemplo de esto es la impugnación de la conferencia mañanera del 23 de diciembre de 2020. La impugnación iniciada por el PRD inició ante la Comisión de quejas y denuncias del INE, ante cuya resolución el partido se inconformó ante la Sala Regional Especializada (SRE) del TEPJF. De nuevo el partido impugnó esta resolución y el asunto llegó a la Sala Superior (SS), la que revocó la sentencia de la SRE por falta de exhaustividad y le ordenó analizar de nuevo el tema y elaborar una nueva sentencia. Tan solo en ese trayecto se consumieron tres meses.

Otro ejemplo de esta lentitud del sistema de impugnación es el relativo al informe de los primeros cien días del tercer año de gobierno, que tuvo lugar el 30 de marzo. De nuevo fue impugnado por el PRD por constituir propaganda personalizada y una intromisión en las campañas electorales de varios estados (las federales iniciarían en abril). El tema pasó a la SRE, que resolvió que a pesar de constituir propaganda gubernamental no hubo violación al marco legal y no incidió en el proceso electoral en curso. El partido inconforme impugnó y el asunto llegó a la SS, que el 26 de mayo resolvió que dicho informe sí constituyó propaganda gubernamental personalizada, por lo que se revocó la sentencia de la SRE y se le regresó el caso para que emitiera una nueva sentencia. Ésta llegó el primero de junio y confirmó que en efecto determinó por unanimidad que el presidente López Obrador sí violó los artículos 41 y 134 constitucionales con su informe pues sí constituyó propaganda gubernamental personalizada indebida, además de que fue realizado mediante la utilización de recursos públicos durante las campañas electorales. Ordenó retirar dicho informe de las redes sociales y de la página oficial del gobierno federal y exhortó al Presidente de la República para que “durante los periodos electorales ajuste el contenido de la información que difunda a las excepciones constitucionales.” Dos meses se tardó todo el proceso para llegar a esa conclusión.

El 28 de mayo la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de difundir propaganda gubernamental al encontrar contenido que viola la veda electoral en 29 de 36 conferencias matutinas analizadas. Este análisis se derivó de dos denuncias presentadas por el PAN por las expresiones presidenciales durante sus conferencias matutinas del 5 de abril al 18 de mayo, y de los días 20 y 26 de mayo. Pero el presidente AMLO simplemente ignora estas resoluciones del INE y del TEPJF porque el costo que enfrenta por ello es mínimo. Toda esta intromisión presidencial evidentemente ha roto la equidad electoral.

* Pablo Xavier Becerra Chávez, profesor-Investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.