Opinión


Unidad, autonomía y derechos humanos: los jueces en México

Unidad, autonomía y derechos humanos: los jueces en México | La Crónica de Hoy

El Poder Judicial de la Federación (PJF), en contraste con el resto de los Poderes de la Unión, está disperso entre un gran número de órganos jurisdiccionales, de gobierno y administrativos. La autonomía de decisión es la regla, es su esencia. La dependencia jerárquica es ajena a los jueces, quienes por disposición constitucional y convicción deben emitir sus sentencias con plena libertad.

Una de las tareas fundamentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Presidencia que se renueva es mantener el equilibrio entre la unidad que fortalece la acción jurisdiccional y la autonomía con la que debe actuar cada uno de sus órganos. Esto es una labor eminentemente ideológico y cultural más que de ejercicio de recursos o emisión de instrucciones.

El sentimiento de pertenencia de los funcionarios judiciales a un poder distinto al Ejecutivo y Legislativo contribuye fuertemente a que haya independencia e imparcialidad auténticas en las sentencias. Éste sólo se logra mediante el reforzamiento de la unidad del PJF en torno a la convicción de que los jueces son la garantía última del respeto a la Constitución e inmediata de protección a los derechos humanos ante la arbitrariedad.

La unidad que sofoca la autonomía es indeseable. El sentido de pertenencia a un poder distinto que ejerce una de las funciones primordiales del Estado no debe transformar a los jueces en una cofradía que reclame privilegios o prebendas. La autonomía que no reconoce a la democracia como la fuente de legitimidad es soberbia y la que acuse siempre de errática a la voluntad mayoritaria es exagerada. La comunicación entre los jueces de las diversas instancias, federal o estatal y órganos pertenecientes a los poderes judiciales o a los ejecutivos, es indispensable para reproducir los valores y compartir mejores prácticas que eviten el pensamiento y comportamiento endógenos.

Por otro lado, se debe forjar una conciencia social de la importancia de los jueces en el nuevo paradigma de la constitucionalidad y de que su legitimidad no depende de ganar la opinión pública o los factores reales del poder político y económico, sino que deriva de su capacidad de erigirse en un referente de los principios mencionados.

Los tribunales que imparten justicia deben estar alejados de las pasiones de la lucha electoral y las conveniencias del mercado para ser el sustento de una interpretación razonable de la Constitución y llevar a cabo una defensa consistente de la misma. Es indispensable mantener distancia con el gobierno, pero sin llegar a ser un obstáculo para el cambio político que se proponga en términos de lo expresado en las urnas para el ejercicio del mandato popular.

Hay que acompañar a los otros poderes en la defensa de la Constitución, en la consecución de los ideales de lo colectivo y no ser cómplices de proyectos personalistas o propuestas autoritarias que afecten a los derechos humanos. Ésa es la auténtica funcionalidad de los jueces. Ser un bastión del derecho ante los eventuales abusos del poder.

Cabe destacar que la Suprema Corte juega un papel fundamental en la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y hacer énfasis en su función en la consolidación de las autonomías concedidas a órganos estatales frente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo como garantía de su actuar al margen de la subordinación a los mencionados poderes.

Esto es un elemento esencial en el Estado constitucional de derecho. En México, el Poder Judicial de la Federación es el garante del pacto federal, en los términos de las fracciones II y III del artículo 103 constitucional, y de existencia efectiva de los espacios de decisión que corresponden a los órganos constitucionales autónomos, cuando estos acuden a la Suprema Corte en las vías de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.

La unidad con respeto a la autonomía de las decisiones de los juzgadores debe ser la estrategia de los poderes judiciales para ser capaces de oponer la fuerza de la razón del derecho a los detentadores del poder político y económico. Unidad en los valores, no en los intereses; unidad en la independencia y objetivad de los criterios jurisdiccionales, no para seguir la línea del gobierno; unidad en el compromiso asumido con los justiciables y la convivencia armónica en nuestro país.

 


Miembro Electo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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