Ochenta y siete universidades en operación desde marzo, de las 100 contempladas para este año en el sistema Benito Juárez (UBBJ), subsisten entre penurias, reconoció Luciano Concheiro, titular de Educación Superior, en entrevista con este diario.

Hasta ahora, la Subsecretaría a su cargo, encargada de transferir recursos por mil millones de pesos al organismo descentralizado que coordinará las universidades, no ha entregado ni un peso, debido a la tardanza de trámites legales o jurídicos y elaboración de reglamentos y estatutos.

“Aplaudo al Presidente por la celeridad con la que quiere hacer las cosas, pero mientras tengamos los procedimientos actuales, tengo que cumplirlos, aunque aparezca como parte de la burocracia”, expresó.

El traspaso de dinero, dijo, deberá ocurrir en los próximos días, “por la urgencia”; y a partir de entonces, Raquel Sosa, quien dirigirá el descentralizado, “será la directamente responsable del manejo de esos recursos y de entregar cuentas, centavo a centavo”.

El proyecto de las UBBJ, adelantó a Crónica, va más allá de las 100 universidades referidas hasta ahora. La idea es alcanzar 200, con alrededor de 55 mil alumnos al final del sexenio.

—¿Por qué ha tardado tanto el proceso? —se le preguntó.

—Tardamos mucho tiempo para que saliera el organismo descentralizado, porque se estaban explorando otras vías. La doctora Sosa consideró en principio que el Crefal (Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe, con sede en Michoacán) tenía las características suficientes para coordinar las universidades, pero al final la vía más sencilla, con mayor certeza, fue la del descentralizado. No se podía soltar el dinero tan fácil, ni un centavo se les pudo dar. En este momento el dinero está íntegro, no se ha usado absolutamente nada.

El decreto para la creación del organismo se publicó en el DOF el 30 de julio, pero apenas hace 10 días se convocó a la Junta Directiva, la cual será presidida por Concheiro y tendrá representación de secretarías como Hacienda, Función Pública y Economía; ahí se presentó el presupuesto y los lineamientos generales.

—¿Y entonces cómo han sobrevivido todos estos meses?

—Con el apoyo comunitario, aunque parezca mentira. Las comunidades son generosas cuando algo les interesa.

—¿Estarán en penurias…?

—Absolutamente lo están, imagínate cómo se encuentran si sólo esperan que soltemos ya los recursos.

—¿Y cuándo ocurrirá?

—Cuando Función Pública apruebe y el jurídico de la SEP le eche la última palomita, que debe ser en estos días, ya, porque no se les puede ni prestar dinero. Somos una dependencia que se mueve con reglas estrictas. Firmaremos un convenio con el descentralizado y a la instancia que debe informarse es a la Función Pública y a la SEP. El organismo será auditado como cualquier otra universidad.

—¿Por la Auditoría Superior de la Federación?

—Sí, lo que no dijo la Auditoría es que hoy, por los mecanismos electrónicos disponibles, las revisiones ya no serán al boleo, todos vamos a rendir cuentas, serán auditadas todas las instituciones de educación superior.

—¿Y si los periodistas deseamos seguir el hilo de la lana…?

—Es a la doctora Sosa a la que hay que referirse.

Aunque el programa contempla 100 universidades para 2019, hasta ahora sólo se encuentran en funcionamiento 87, ubicadas —la mayoría— en zonas de alta y muy alta marginación, en terrenos regalados por ejidatarios o campesinos; a la deriva financiera, pero ya con currícula, estudiantes, maestros e instalaciones.

—¿Y las otras 13?

—Han iniciado procesos de admisión y están regularizándose… Muy probablemente seguirá creciendo la cantidad. En tanto más comunidades se apropien del modelo, lo impulsen y busquen apoyos, no se quedará en 100.

—¿No hay límite?

—Sólo el presupuestal, pero hay que ver los resultados de esta primera etapa, porque para la SEP lo importante son los resultados: dependiendo de eso, de cuántos jóvenes se mantengan estudiando, de cuánto logren avanzar, se verá.

—Dice que no se limitarán a 100, ¿cuántas entonces?

—El plan original de Raquel Sosa comprendía 55 mil estudiantes; después, con el éxito que se fue teniendo, se planteó una cifra de 136 mil. Pero ya con un estudio más profundo, pensamos que en 2024 estaremos llegando a esos 55 mil. Ésa es la base y, si hay resultados positivos, se mejorará en la práctica, porque hay gobiernos estatales y municipales, de todos los colores, que han comenzado a decirnos que les interesa el modelo; dependerá de la capacidad presupuestal y de si esos proyectos locales se ajustan a la dinámica del descentralizado.

—¿De cuántas universidades hablamos para estos 55 mil?

—Por lo menos de 200 universidades. El año que entra, si las proyecciones se concretan y se logran consolidar las 100 de este año, podremos estar llegando a 160, pero primero son los resultados, que todas estén montadas, que no hagamos algo que luego se desmorone. Muchos creen que serán universidades poco importantes.

—Se usa el término patito…

—No lo serán.

—¿Cómo se puede garantizar eso?

—Con la calidad de los profesores, con proyectos abocados a resolver problemas regionales o nacionales concretos. Un ejemplo: si la universidad de Xochistlahuaca, Guerrero —que se concentrará en gestión del agua, contaminación de ríos, enfermedades provocadas por contaminantes— atrae a otros estudiantes del país y prende, será posible crecer más, por encima de la capacidad comunitaria, que hoy ofrece alrededor de 360 lugares. La de medicina comunitaria, aquí en Tlalpan, está certificada ya a nivel internacional. En Tabasco los chicos están trabajando en torno a los pozos petroleros, están metiendo los pies en el chapopote.

—Más de calle…

—Son universidades nacidas en la práctica, ligadas a problemas específicos y con grandes probabilidades de tener eficiencia ante el mercado laboral.