Servir como testigos protegidos o reconocer las irregularidades cometidas en un medio de circulación nacional son dos de las atenuantes para quienes brindan o contratan servicios ilegales de ­outsourcing o se han involucrado en la constitución de empresas fachada para evadir impuestos, reveló Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.

El funcionario participó en la presentación de un informe sobre acciones del gobierno federal en contra de la subcontratación abusiva y la defraudación fiscal, en Palacio Nacional.

A quien proporciona el servicio de outsourcing, explicó, le es aplicable la reforma del año pasado a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigente a partir del 1 de enero y la cual considera —artículo 2— el delito de defraudación fiscal como delincuencia organizada “cuando tres o más personas se organicen para realizar la conducta, en forma permanente o reiterada”.

“La actividad ilícita consiste en constituir diversas empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social, del IMSS y del Infonavit y minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral que pudiera haber. El delincuente organizado que da este servicio puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo condenado hasta a 20 años de prisión”, dijo.

Sin embargo, los soplones o informantes pueden recibir beneficios conforme a la información compartida a la autoridad. En estos casos es posible recurrir a las herramientas contempladas en el régimen de excepción de la delincuencia organizada.

“Nos permite tener escuchas para poder identificar cómo se mueven estas organizaciones, tener criterios de oportunidad”, detalló.

“Cualquier persona que participe en la organización criminal puede tener algún beneficio si dice quién es el líder de la organización”, o si brinda datos certeros para ejecutar órdenes de cateo, “porque este dinero lo llevan a veces a casas de seguridad o lo tienen en bóvedas”.

Este paliativo puede emplearse también a favor de factureros o quienes crean empresas “con testaferros, con domicilios que no representan el giro empresarial, que no tienen activos, pero manejan grandes cantidades de dinero con el fin de defraudar a las instituciones”.

PATRONES. De igual forma, los contratantes de outsourcing corren el riesgo de ser involucrados en una investigación o denuncia, de recibir una orden de aprehensión y ser sancionados hasta con 14 años de prisión, de acuerdo con las modificaciones simultáneas al Código Penal Federal, en vigor desde enero.

Además de una pena carcelaria menor, los patrones no serán procesados por delincuencia organizada, sino por delitos contra la Ley de Seguridad Nacional, cuyo artículo 5 también fue reformado en el mismo sentido.

“Este ilícito permite prisión preventiva oficiosa por arriba de 7.5 millones de pesos”, especificó Romero, aunque en estos casos sí se contemplan acuerdos reparatorios y se da la oportunidad de regularizar la situación fiscal y pagar adeudos, a cambio de anular el ejercicio de la acción penal.

Desde la aprobación de la reforma, en noviembre del año pasado, diversos empresarios se han acercado a la autoridad para solventar los vacíos y evitar la cárcel, en especial “dueños de empresas que tenían una operación real, pero habían comprado facturas”.

Las condiciones fueron dos: una, la firma de un escrito en el cual admiten operaciones simuladas, “pero antes de la reforma”; y la segunda, la aceptación de sus faltas en una estación de radio, un canal de televisión o un periódico de alcance nacional.

“Se comprometieron en próximos días a hacer una declaración en un medio de circulación nacional donde reconozcan que cometieron estas irregularidades y que van a cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales”, apuntó el Procurador Fiscal.

Denuncias

En lo que va de la presente administración se han presentado 51 denuncias, 31 ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal.

Acciones del gobierno

Inspecciones laborales

Revisiones fiscales

Investigaciones de la UIF

Generación de sanciones e integración de expedientes ante la FGR, por defraudación fiscal

Subcontratación ilegal

(es aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados e incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social)

Afectados: 5 millones de trabajadores

Empresas involucradas: 6 mil

Monto anual de la evasión: 21 mil millones de pesos

De septiembre a diciembre se han documentado anomalías en:

Mil 200 empresas, en especial en los ramos de economía, hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéuticas, minería y producción de alimentos

En perjuicio de 860 mil trabajadores