Una década es toda una vida. Una década es el periodo que la Ley de Austeridad, presentada e impulsada por los legisladores de MORENA, propone para que los funcionarios del gobierno federal contemplen como periodo de transición para volver a la iniciativa privada. En otras palabras, sí trabajaste en el gobierno no podrás trabajar en una empresa; forzosamente tendrá que buscar un puesto en el gobierno. De no lograrlo, ya no habrá empleo para estos funcionarios. El espíritu de este veto que forma parte, en lo general, de una legislación bien intencionada para reducir los gastos superfluos en la administración pública, no es otro que la desconfianza y hasta un castigo sí algún servidor público decide, simplemente, no seguir participando en el gobierno del Presidente López Obrador. Podría haber sido el caso del extitular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa. Por ejemplo.

La justificación es el ominoso tráfico de influencias e información privilegiada que durante los gobiernos priistas y panistas consolidaron grandes negocios. La Ley Federal Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos ya contempla un periodo de un año como mínimo para que los funcionarios se abstengan de trabajar en sectores regulados y relacionados con sus actividades. Por ello, Pedro Aspe, exSecretario de Hacienda, solía decir que el titular de esa cartera al salir de la administración pública simplemente tenía que dedicarse a la academia, a un año sabático o a cuidar a la familia, porque se trata de una responsabilidad que tenía que ver con todo el sector económico y empresarial del país. El Secretario de Hacienda lo veía todo, decía Aspe. Quizás Aspe exageró pero él así lo hizo religiosamente durante un año, aunque después fundó Protego, y se dedicó a cerrar jugosas asesorías con gobiernos de muchos estados e inauguró la época de la bursatilización de las partidas federales.

Castigo sin juicio.

El Presidente López Obrador está en lo correcto pero está radicalizando la desconfianza y podría darse un balazo en el pie. Hace un año cuando retiró los seguros de gastos médicos para atención hospitalaria en complejos privados y muy costosos para la burocracia, logró que muchos funcionarios replantearan su permanencia en el servicio público. Después, cuando anunció que se eliminarían las direcciones generales adjuntas, logró otro tanto. Así, durante los últimos diez meses, la burocracia se ha ido empequeñeciendo y hasta depurando.

Me gusta pensar que en el sector público, en las dependencias, comisiones, organismos descentralizados y, por supuesto, en los centros de estudio, permanecen los funcionarios públicos más comprometidos, los que más quieren a este país. ¿Es necesario castigarlos a ellos también? En la práctica, el veto de diez años a los funcionarios públicos que decidan dejar sus puestos en el gobierno constituye una inhabilitación, un castigo, un acto de desconfianza y una gran ofensa. Es, por cierto, uno de los periodos más largos para funcionarios corruptos que han sido inhabilitados. A José Manuel Carrera Panizzo se le inhabilitó una década por su gestión en PMI.

Se les castiga por permanecer en el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador a pesar de las críticas de muchos sectores, de la polarización y hasta por su lealtad. Los legisladores de Morena —por quienes (por cierto) no voté porque al votar por el Presidente López Obrador como lo hice el año pasado, busqué que con mi sufragio en el Poder Legislativo se generarán equilibrios— deberían revisar si su iniciativa nace de suyo viciada de origen, al menos en este apartado del veto a servidores público y lo que sería una década amarga y triste que confrontaría aún más a la sociedad.

En la gaceta de la Cámara de Diputados, leo que fueron los legisladores Juan Manuel Rodríguez y Saúl Huerta Corona, quienes presentaron el Proyecto de Decreto de la Ley de Austeridad Republicana y la adicionaron con modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos. ¡Bien hecho! Un balazo en el pie para la formación de cuadros. Conozco funcionarios de carrera que, a pesar de la reducción en salarios y prestaciones, quieren trabajar en el gobierno federal (o querían) porque, como dice el Presidente, buscaban ser parte de la transformación del país. Sin embargo, de aprobarse sin cambios esta Ley, el daño será mayúsculo para muchas dependencias y comisiones de vigilancia para sectores muy importantes en la economía. Deben saber los legisladores, cuyo principal interés parece ser complacer al Presidente, que esta legislación podrá ser recurrida en los tribunales, que parece y viola la Constitución, el derecho al trabajo. En fin, una vergüenza para el Poder Legislativo.