Me llamo Reina, tengo 8 años, mi maestro abusó de mí y cuando por fin hablé, me dijeron que yo mentía. Dejé la escuela, él continúa. Este es uno de los testimonios de las niñas de la Montaña de Guerrero, lugar donde además de la violencia extrema en las comunidades, las niñas sufren violencia de género por quienes deberían protegerlas y además, ellas son las que resultan castigadas si se atreven a hablar.

La organización Marea Verde Guerrero lanzó una serie de denuncias a través de redes sociales para visibilizar la magnitud del problema que, agregan, traería como consecuencia un aumento en los embarazos forzados y en las muertes infantiles.

“Mi nombre es Julia, tengo 15 años, mi papá me violó y mi familia me obligó a perdonarlo”, es otro de los testimonios que Marea Verde difunde en redes.

Y hay muchos más, otra niña con el rostro cubierto para cubrir su identidad, expone en una cartulina rosa: “Me vendieron a un señor, me violó y embarazó, cuando escapé, la autoridad me regresó con él”.

La organización defensora de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, documentó y acompañó 30 casos de agresión sexual y abusos contra niñas de entre 9 y 16 años de enero a la fecha. En 7 de los casos las víctimas tenían entre 9 y 16 años de edad y fueron agredidas por su papá.

“La situación que enfrentan las mujeres indígenas es realmente…viven todo un vía crucis. Si hacemos un monitoreo de todo lo que estamos acompañando, podemos decir que hay muchos casos, carpetas de investigación que tenemos en el Ministerio Público, las cuales están archivadas totalmente a pesar de que son de delitos como la Fiscalía General del estado llama de alto impacto”, refiere Neil Arias Vitinio, de la organización defensora de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

En la región de la Montaña se contabilizan por lo menos 70 carpetas de investigación que se tienen almacenadas, archivadas porque no se realizan los actos de investigación que necesariamente se requieren para poder llevar a la cárcel a los perpetradores de estas agresiones sexuales

Neil Arias, abogada que atiende muy de cerca los casos de niñas agredidas sexualmente en la Montaña de Guerrero, destacó el caso de una menor de tan solo 6 años que fue agredida física y sexualmente en la comunidad de Acatepec por tres hombres que por ser autoridades comunitarias, no han recibido ningún castigo a más de un año de haber cometido este delito.

El hecho de vivir a seis horas del municipio de Tlapa, el cual es el más cercano a la capital del estado, ha sido un factor para que el proceso no avance.

“Para llegar a Tlapa son más de 6 horas, justo es en transporte público y al darle seguimiento a la denuncia les dicen a las víctimas: vente en una semana, vente en dos semanas. Entonces es realmente… tarda mucho una investigación”, refiere.

Otra situación a la que se enfrentan las niñas, víctimas de violencia, es que cuando llegan a entrevista, temen hablar porque están con alguien desconocido, traumatizadas por lo que les pasó y entonces los psicólogos lo traducen a que la agresión no fue tan severa.

La abogada del Centro de Derechos de la Montaña, comenta al respecto que la víctima tiene qué decir qué pasó y cómo pasó para que la psicóloga haga su propia valoración y “si una niña no puede hablar o que hable una lengua diferente, que muy poco se exprese en el español le dicen: Pues mira, en la valoración que aplicamos, tu daño es leve, no hay daño”.

Ellas llegan a creer que tienen la culpa, que lo provocaron, por eso cuando quedan embarazadas, prefieren seguir guardando silencio y, ante la imposibilidad de prácticar un aborto seguro, se han registrado muertes maternas de niñas.

Mientras hechos como éste se suman, la noche del martes 29 de octubre, los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guerrero aprobaron —con 4 votos a favor y uno en contra— reformar el Código Penal con la que se pretende que para abortar, sea necesario presentar una denuncia penal, lo que para muchas personas defensoras de derechos humanos representa un claro retroceso para las niñas y mujeres víctimas de una violación. Incluso titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, expresó su preocupación al respecto.

Para que la reforma entre en vigor, es necesario que el Pleno del Congreso la avale y el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, apruebe y publique el Decreto.

En 2017 se registraron 553 casos de nacimientos en niñas de 10 a 14 años, quienes se vieron obligadas por el contexto de violencia y discriminación familiar y social, a llevar a término sus embarazos, productos de violación, poniendo en riesgo su vida y salud, colocando al estado de Guerrero en el octavo lugar de embarazos de menores de 14 años a nivel nacional, solo por abajo de Estado de México, Chiapas y Veracruz.